El que fuera bautizado como Puerta Bilbao, el gran plan urbanístico que iba a transformar los terrenos donde se asentaba la contaminante Sefanitro en un espacio de ensueño para el maltratado barrio de Lutxana, «está muerto y enterrado». Lo dicen el movimiento ciudadano y los colectivos ecologistas de Barakaldo después de varias sentencias judiciales que les han dado la razón. Lo advirtieron públicamente antes de ir a los tribunales, presentaron alegaciones, «pero a nosotros no nos hicieron ni caso; a otros sí», resaltan.

El Tribunal Supremo, hace apenas un mes, y antes el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han fallado que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 06 Sefanitro es ilegal. En otro fallo reciente, el TSJPV ha declarado nula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Barakaldo hecha para dar cobertura legal al citado PERI. «Esa fue una triquiñuela de PSOE, PNV y PP. Modificaron el Plan General para salvar el escollo de la edificabilidad, y no puede ser, porque no se puede modificar a la carta; para eso hay que modificar el PGOU y esa es una larga tramitación», explica a GARA Txiki Castaños, integrante de una de las asociaciones vecinales y exconcejal de la izquierda abertzale en Barakaldo.

El PERI 06 Sefanitro englobaba una superficie de 2050.000 metros cuadrados, de los que el proyecto reservaba 92.000 para uso terciario privado. Ya se hablaba de la edificación de una superficie comercial y un hotel, así como oficinas para alguna actividad «de bata blanca», como recuerdan los vecinos.

Los colectivos ecologistas Ezpitsu, Ekologistak Martxan y Eguzki, y las asociaciones vecinales de los barrios de Arteagabeitia-Zuazo, Rontegi, El Carmen, San Vicente, Lutxana y Cruces defendieron ante los tribunales que este espacio debía ser de uso público, y en sede judicial les han dado la razón. No obstante, en el camino se encontraron con otra «sorpresa»: «Las cajas de ahorros recurrieron la sentencia porque consideraban que ese terreno era suyo, pero lo más alucinante es que el Ayuntamiento, en un gesto inaudito, recurrió la misma sentencia que ponía en sus manos 92.000 metros cuadrados de forma gratuita».

«No hay licencia posible ahora»

Movimiento ciudadano y Ayuntamiento de Barakaldo ni siquiera coinciden en la interpretación de la repercusión de las últimas sentencias. El Gobierno municipal que dirige Tontxu Rodríguez (PSE) sostiene que los fallos judiciales no afectan ni a las viviendas previstas ni a los equipamientos y usos terciarios. La gestora de las cooperativas de viviendas afirma que la construcción sigue adelante. Pero el movimiento ciudadano es tajante al respecto y, en un comunicado reciente, afirma que el proyecto Puerta Bilbao «está muerto y enterrado», advirtiendo de que la licencias y permisos concedidos antes de la sentencia de febrero del TSJPV se salvan, pero a partir de ese fallo «cualquier licencia concedida en el marco del actual PERI sería ilegal y podría ser objeto de recurso judicial, tanto en vía administrativa como penal, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse».

«Ese PERI es ilegal y, además, todos los planes urbanísticos necesitan un plan económico financiero que diga que es viable. En su momento, ellos presentaron un proyecto en el que iban a obtener unos beneficios del `copón', pero si ya no pueden contar con los ingresos que les iban a reportar esos 92.000 metros que ahora son públicos, tiene que hacer otro plan económico financiero sin contar esa parcela de terreno, porque esos equipamientos tienen que ser públicos. Y ese nuevo plan requiere modificar el Plan General», explica Castaños, al tiempo que insiste en que no podrían dar licencias en base a un proyecto declarado ilegal.

En medio de este laberinto legal queda la construcción de 2.000 viviendas, de las que 700 son protegidas. Algunas de las cooperativas ya cuentan con licencia, pero otras no, y ya acumulan importantes retrasos en un proyecto que acusa también los efectos de la crisis.

Las asociaciones de vecinos sostienen que en este caso hay unos claros responsables, quienes desde su responsabilidad política han optado por seguir adelante. «Aquí ha habido un pelotazo y PSOE, PNV y PP han actuado en defensa de intereses privados», denuncian. Y recuerdan que, cuando se publicó el PERI, se presentaron alegaciones a «las que no hicieron ni caso», pero sí se aceptaron en cambio las presentadas por Villar Mir, que proponía la construcción de 500 viviendas más, según indican.

A juicio de Castaños, «siguieron adelante porque confiaban en que este pleito no iba a prosperar». Considera que Barakaldo ha sido terreno abonado para la especulación urbanística y hay actuaciones irregulares de la Administración que no se han llevado a los juzgados principalmente por el coste económico que ello supone.

En la misma medida está afectada la urbanización de los terrenos, ligada a una ejecución que no va a seguir adelante. Otra de las cuestiones a abordar es la adecuación a la Ley del Suelo en vigor, en cuanto a estándares de zonas verdes y viviendas, algo sobre lo que ya advirtió el propio interventor municipal en la modificación del plan.

El incierto desarrollo urbanístico de los terrenos de Sefanitro es solo el último capítulo de la historia de un suelo sobre el que han corrido ríos de tinta, que ha producido beneficios millonarios -para altas esferas eso sí, nunca para Barakaldo, como destaca el movimiento vecinal-. Para ellos es imposible hablar solo del PERI de Sefanitro sin recordar de dónde viene este suelo, ahora en pleno proceso de descontaminación, también con retraso sobre lo anunciado.

El negocio de Villar Mir

Sefanitro (Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas SA) fue una empresa de fertilizantes que la dictadura declaró «de interés nacional» en los años 40 del siglo pasado y no dudó incluso en recurrir a la expropiación forzosa, tal como recuerdan los vecinos. Algunos de aquellos propietarios habrán asistido escandalizados a la revalorización del solar décadas después.

Recuerdan desde las asociaciones vecinales que en 1996 la empresa Fertiberia, del grupo Juan Miguel Villar Mir, ministro con Arias Navarro durante el franquismo y protagonista de los `papeles de Bárcenas', compró la planta de Sefanitro por seis millones de euros, una cantidad irrisoria a juicio de plantilla y sindicatos, que ya entonces denunciaron que se estaba fraguando un pelotazo en toda regla.

Dos años después, el Ayuntamiento de Barakaldo recalificó los terrenos, pasando a ser residencial terciario, y en 2006, diez años después de la compra del terreno, Villar Mir vendió las propiedades a Iurbenor por 240 millones de euros. La misma Iurbenor presentaría poco más tarde el proyecto de las 2.000 viviendas, dos torres de diseño y canales, y sería protagonista de otro sonoro escándalo con conocidos rostros entre sus protagonistas.

El PERI se aprobó en pleno unos meses después. Todas las alegaciones de asociaciones vecinales, grupos ecologistas, sindicatos, colectivos contra la exclusión social y hasta la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro fueron desestimadas. Sí se admitió, por contra, la alegación del Grupo Villar Mir para incrementar el aprovechamiento aumentando en 500 el número de viviendas a construir, lo que el TSJPV declaró ilegal en 2009.

«Si hubiera una Fiscalía dedicada a estos casos, estaría valorando primero lo del señor Villar Mir. Ya dijimos entonces que nos parecía que la Administración podía haber hecho la compra de los terrenos para construir vivienda de protección y equipamientos», destaca Txiki Castaños.

Volviendo al conocido como «caso Iurbenor», el movimiento ciudadano rememora la presentación del proyecto por todo lo alto, en el BEC, a cargo de la nueva empresa propietaria de los terrenos, creada expresamente para gestionar Puerta Bilbao. Sostienen que aquel acto de presentación, en 2008, se llevó a cabo cuando ya tenían sobre la mesa un informe del perito judicial que decía que los 92.000 metros eran ilegales.

Un medio de comunicación publicó que la crisis arruinó los planes de la empresa y que «tuvieron que traspasar los terrenos para pagar los créditos adquiridos», en un acuerdo con la Caixa y BBK en el que aportaron 360 millones de euros. «Fíjate qué diferencia de trato comparando con los casos de desahucio -señala Castaños-. La empresa se hunde, las cajas se quedan con el terreno y ponen 360 millones». Y, según asegura, responsables municipales intervinieron para propiciar el acuerdo.