El Palacio de Convenciones de La Habana reunió ayer a las delegaciones de las FARC-EP y del Gobierno de Juan Manuel Santos en la mesa de diálogo, así como a los representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso, para escenificar el acuerdo en materia agraria al que han llegado ambas partes tras seis meses de conversaciones y de jornadas maratonianas entre el viernes y el sábado.

«Es el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo», reza el texto del comunicado conjunto leído por los delegados de Cuba y Noruega, Carlos Fernández de Cossío y Dag Mylander.

Uno de los objetivos es «revertir los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado».

Este acuerdo persigue también que «el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz».

Para ello, el Gobierno se compromete a «formalizar progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos» y crear «mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común». Esta política gubernamental irá acompañada de «planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos».

El acuerdo «incluye la formación y actualización de la información rural para la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica y mejor y más eficiente información. Y pensando en las futuras generaciones de colombianos, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental, buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición».

Estos compromisos forman parte del paquete de cien propuestas que la guerrilla ha ido presentando a lo largo de estos seis meses.

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que este primer acuerdo «involucra un ambicioso programa de adjudicación de tierras a campesinos», y «prevé un vigoroso programa de tierras». «Es el renacimiento del campo colombiano que puede darse en el escenario del fin del conflicto armado», enfatizó.

«Hoy tenemos una oportunidad real para alcanzar la paz. Hoy Colombia es una nación optimista», concluyó.

Las declaraciones previas a la comparecencia del delegado de las FARC Ricardo Téllez en el sentido de que habían logrado acuerdos «demasiados importantes» no hicieron más que corroborar los rumores de los que durante toda la semana se habían hecho eco los principales medios de comunicación colombianos sobre la inminencia e importancia histórica del anuncio de ayer, siempre bajo la lógica, ya planteada en la constitución formal de la mesa de diálogo en Oslo el 18 de octubre, de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado».

Ambas partes volvieron a incidir ayer sobre este aspecto. «Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos», insistieron ayer en la capital cubana.

Las conversaciones se reanudarán el próximo 11 de junio con el segundo punto de la Agenda, relativo a las garantías de participación política. A finales de abril, Bogotá acogió un foro para tratar esta cuestión, cuyas conclusiones serán presentadas en breve a los equipos negociadores de las FARC y el Gobierno.