La presidenta del Partido del Congreso, actualmente en el gobierno, visitó ayer junto al primer ministro indio, Manmohan Singh, a los heridos en el atentado del sábado en el estado de Chhattisgarh. El ataque iba dirigido contra una caravana en la que viajaban líderes regionales del Partido del Congreso en una densa zona boscosa.

Según medios locales, entre 150 y 200 guerrilleros, aparentemente maoístas, derribaron árboles para bloquear el paso al convoy de más de 40 coches y luego hicieron estallar un mina de tierra. Posteriormente, dispararon a los vehículos.

Entre los fallecidos estaba Mahendra Karma, destacado dirigente del Congreso de Chhattisgarh y veterano de la formación política que en 2005 fundó el grupo paramilitar antimaoísta Salwa Judum, declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Se cree que era el principal objeto de la emboscada. Karma ya había sobrevivido a un atentado previo por lo que contaba con estrictas medidas de seguridad.

El jefe del Partido del Congreso en este estado, Nand Kumar Patel, y su hijo también perdieron la vida. Sus cuerpos aparecieron en una cuneta el distrito de Bastar, horas después del primer recuento de víctimas. La Policía baraja la hipótesis de que fueran retenidos durante un breve lapso de tiempo.

El ex ministro federal Vidya Charan, de 84 años, se debatía ayer entre la vida y la muerte en un hospital de Nueva Delhi.

Gandhi se mostró «devastada por este atentado contra los valores democráticos del país» y declaró a la guerrilla maoísta como la principal amenaza interna de India. Singh, por su parte, calificó lo ocurrido como «un día negro para la democracia» y remarcó que el Gobierno «debe ser más firme en la lucha contra el extremismo naxalita».

El del sábado es el ataque de mayor perfil político de esta guerrilla que lucha por una revolución agraria en el centro y este del país y conocidos como naxalitas tras protagonizar una revuelta en la aldea bengalí de Naxalbari en 1967.

En setiembre de 2009, el Gobierno indio lanzó la operación antimaoísta «Caza Verde», objeto de críticas entre intelectuales que denunciaron que cerca de 200.000 adivasis tuvieron que abandonar sus hogares por la intensidad de los combates.