Nuclenor parece haber ganado el pulso al Gobierno de Mariano Rajoy. La victoria de la empresa, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, se desprende de las últimas declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que, pese a defender la carga impositiva diseñada por su ministerio para gravar la actividad de las sociedades eléctricas, ayer abrió la puerta a que el Ministerio de Hacienda pueda «interpretar» la reforma energética, aprobada el pasado mes de diciembre.

De este modo, el ministro español cede ante las peticiones de la empresa, que en reiteradas ocasiones ha mostrado su oposición a las nuevas tasas y ha vinculado la continuidad de la central nuclear de Garoña, parada desde hace más de cinco meses, a una posible exención fiscal. Una quita de 153 millones de euros que allana el futuro de la planta más antigua del Estado español, conocida como «la central de las mil grietas».

Esta decisión es un nuevo capítulo en un guión que comenzó a escribirse hace tan solo once días, cuando Nuclenor pidió a Madrid la revocación parcial de la Orden IEC/1453/2012. Esta petición, que tenía por objeto solicitar una prorroga de un año para la central, fue aceptada por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por lo que ahora corresponde al Consejo de Ministros decidir si Garoña puede, o no, permanecer abierta doce meses sin producir electricidad.

En alusión a esta decisión, que ayer fue defendida por el representante de CiU en el CSN, Antonio Gurguí, y criticada por la consejera Cristina Narbona (PSOE), que denunció presiones por parte del PP, Soria señaló que para él es «una prioridad» que la planta continúe con su actividad. Asimismo, el ministro, que aprovechó un desayuno informativo celebrado en Burgos para referirse al futuro de Garoña, anunció que el Ejecutivo respetará la decisión del Consejo de Seguridad, y destacó que el Estado español «no puede permitirse el lujo de prescindir» de la central burgalesa.

Comparecencia de Soria

Estas palabras no son del agrado del grupo juntero de EH Bildu, que ayer solicitó la comparecencia de Soria ante la Cámara legislativa alavesa. «La semana pasada el diputado general, Javier de Andrés, anunció que iba a solicitar que viniera a Araba a dar explicaciones, pero, a la vista de que no ha movido nada y de que ahora, parece, se conformará con analizar los informes técnicos, hemos decidido dar este paso», destacó su portavoz, Gorka Ortiz de Guinea.

Desde el PSE, Txarli Prieto tildó de «escándalo» la continuidad de la central, y anunció que llevará al Parlamento una moción en la que insta al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que asuma «un papel institucional activo a favor del cierre».

En el lado opuesto de la balanza se sitúan los miembros del PP vasco, que defienden la prorroga de la central siempre que el CSN garantice la seguridad de la misma. Ayer, el portavoz de la formación conservadora en Araba, Carmelo Barrio, reiteró dicha idea y cargó contra el PSOE y el PNV, a los que responsabilizó de la situación actual. En concreto, señaló que los socialistas no cerraron la planta durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y afirmó que el PNV no ha utilizado su presencia en el accionariado de Iberdrola para garantizar el cese definitivo.