Entre lo decepcionante y lo grotesco, con un tinte de perplejidad. Esos son los parámetros en los que sitúo cómo el Partido Popular, con una correlación de fuerzas tan absolutamente contraria, puede tener semejante capacidad de éxito en el Parlamento de Gasteiz. Hasta qué punto se le permite maniobrar en esta institución al PP para que de rositas pase desde posiciones de inmovilismo y bloqueo hasta la actual política de involución.

El PP jugaba el partido de vuelta con una victoria previa: tenía un «suelo ético» acordado con PNV y PSE. Unas bases que se nos presentaron abiertas -qué planteamiento ético se puede presentar cerrado- y en las que nos aseguraron podría acomodarse ese sector que entonces, por motivos que todos sabemos, no pudo participar. No era cierto. Son dos los candados que echaron: el primero, enviar un recado a una sola de las partes en conflicto, precisamente la que más movimientos ha realizado, mientras que no hay ni una mínima llamada a los estados para el avance. El segundo consiste en definir la memoria como «un instrumento de deslegitimación del terrorismo», algo que, además de destrozar la objetividad y el valor en sí mismo de la memoria, entendida como la foto completa de todos los dolorosos acontecimientos que ha vivido esta sociedad, excluye esa otra memoria que deslegitima la violencia del Estado. La ética no era base para ser compartida, sino diferencia de presunta superioridad. No era solar para compartir, sino trinchera.

La decisión del PP de no participar en la Ponencia de Paz y Convivencia podía parecer más cómoda, pero no más práctica. Así se lo afearon numerosas opiniones periodísticas. Son el PNV y el PSE quienes están dando la razón al PP del éxito de la estrategia de esperar tras la puerta. Ellos serán quienes evitarán que nadie cambie las «reglas del juego», serán ellos quienes impidan toda evolución que pese al partido apostado en la garita porque, como nos recuerdan una y otra vez, hay que guardarles el sitio. El problema no es el texto -el «suelo ético»-, sino el contexto.

A ese primer gol le sigue un segundo. Viene del reciente debate sobre la naturaleza de los presos vascos, fundado en el resultado que eso tendría en la esencia del Estado: «en una democracia no existen presos políticos». Sin embargo, en una democracia se debería poder emplear dicho término sin generar pataleos en la bancada, sin alzar la voz en el turno de palabra de otros representantes, sin solicitar a la mesa del Parlamento prohibiciones de su utilización o sanciones y querellas ante tribunales contra los parlamentarios que lo emplean.

En el debate, EHBildu llevaba una resolución en base a la definición que Amnistía Internacional realiza sobre el término preso político que es ya conocida. El organismo humanitario parecía anteponerse a este debate: «los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos, sino únicamente presos encarcelados en aplicación de las leyes penales ordinarias». ¡Solo faltaba que no se realizara una apariencia legal, que no se preservara un aspecto jurídico formal! Por supuesto que el Estado español recurre a tipos penales para establecer los castigos. La cuestión es que su voluntad no es la de instaurar la verdad y la justicia, sino precisamente, imponer penas y castigos.

Con el resultado de la votación, conocido, quieren mostrar que no hay conflicto político, no hay presos políticos, no hay problema que resolver en términos políticos. No hay motivación política en la actuación de quien hoy está en prisión, no son políticos el contexto, las circunstancias, las causas que estaban y están en la raíz de los hechos. Ni sus consecuencias. Más aún, hecho determinante: no se deriva de una decisión política el diferente trato que reciben en su detención, en su enjuiciamiento, no es político su castigo, ni las medidas excepcionales que se les aplican una vez en prisión.

Detengámonos un momento aquí: es norma reconocida tratar igual al igual y tratar desigual al desigual. No se puede entender tratar desigual a una categoría de presos y, al mismo tiempo, pretender que son iguales al resto. Sin embargo, eso es precisamente lo que se busca: justificar el trato desigual, parcial, arbitrario, el trato que restringe derechos y establece profundas injusticias... al tiempo que se desdibuja la razón y motivación de ese trato.

Lamentablemente, no es mera cuestión interpretativa, semántica. La decisión tiene su recorrido en forma de nuevas vueltas de tuerca represiva. Había tribunales que, desde la lejanía, apostados como francotiradores, esperaban una resolución como la que el Parlamento -y simultáneamente las Juntas de Bizkaia- aprobaban. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo estaban deseosos de una posición así, que diera un espaldarazo a la represión judicializada que practican, que en sus últimos tiempos está enfocada contra la solidaridad a los presos independentistas vascos. Esa campaña vergonzosa que arrancó contra fotos de presos y que hoy busca llegar incluso a su naturaleza «política», a que son objeto de «represión» o que su solución debía pasar por la «amnistía».

No hablamos de hechos futuribles. El Tribunal Supremo acaba de condenar por sentencia 282/2013 de 1 de abril a cuatro jóvenes de Iruñea a penas de un año y medio a dos años de prisión por un delito de enaltecimiento del artículo 578 del Código Penal porque en la Korrika 17 portaban fotografías de presos. El hecho desencadenante es que «se afirmaba expresamente, por medio de un comunicado público difundido el día anterior, que la finalidad de tales acciones no era otra que la de `...mostrar la solidaridad con los presos políticos vascos y contra la represión'». El móvil, indica la sentencia, «va más allá de la simple reivindicación de una aproximación de los presos a sus hogares», y presenta a estos «como luchadores políticos y víctimas de una injusta persecución, con la clara finalidad de enaltecer los hechos que hubieran podido cometer y a sus propias personas». Como vemos, no es, pues, mera cuestión discursiva, sujeto de confrontación semiótica, menos aún cuestión de debate ético o moral, como algunos han querido presentar. Es coerción de opinión, pura y dura.

Lo realmente lamentable no es que el PP quiera adentrarse por esta pendiente resbaladiza. Es que encuentra firmes apoyos para jugar esta partida contra la paz. El PSE es rehén de los discursos del pasado, incoherentes además con esos otros discursos con más visión estratégica que pugnan por abrirse y que tienen su corolario en actos como el de Gernika, que premiaban la contribución a la paz de Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi.

El PNV es comparsa por las prebendas que interpreta que todavía podría obtener de Madrid, y ante esa expectativa, decide que es mejor no importunar. Su preocupación por la negativa del PP de entrar en la ponencia de Paz y Convivencia y su obsesión por no contrariarlo en el debate sobre «presos políticos» le lleva a sustentar que España es «un Estado de derecho que garantiza plenamente los derechos y libertades». Pasa a estar «obligado a cumplir la ley», tal y como aseguraba en los casos de los herri harresiak de Donostia y Ondarroa, a apoyar, soportar, abrazar el sistema. El PNV ha querido mostrar su apoyo por omisión al nuevo impulso represivo. Con su abstención ha permitido que se abran las compuertas que, en vez de revertir el flujo de producción de presos políticos, lo exacerbará con nuevas inscripciones.

Actitudes pusilánimes que permiten que gane el PP. Aun a costa de que quien pierda sean las ansias de paz y normalización de este pueblo.