Los Servicios Jurídicos del Parlamento de Gasteiz afirman que la libertad de expresión está por encima de las pretensiones de impedir que se pueda usar el término «presos políticos» en la Cámara autonómica. Recuerdan que es a la presidenta a quien le corresponde interpretar los límites de esa libertad de expresión, pero con el condicionante de que no tendría sentido defender la inviolabilidad de los parlamentarios frente a los tribunales, y luego aplicar dentro «la potestad disciplinaria de un modo desmedido».

UPyD había solicitado a la Presidencia que adoptara las medidas necesarias para impedir la utilización del término «presos políticos» en el Parlamento. Gorka Maneiro añadió después un escrito para que a la hora de tomar una decisión se tuviera en cuenta el acuerdo plenario del 16 de mayo que niega la existencia de presos políticos en el Estado español.

«Libertad de expresión»

El informe de los Servicios Jurídicos no entra a analizar el término «preso político», puesto que no tiene «categoría jurídica», sino que se ha convertido en un debate político. Por tanto, ha entrado en un «ámbito protegido por la libertad de expresión».

A lo largo de 16 páginas -a las que ha tenido acceso GARA- los letrados de la Cámara ahondan en la protección y relevancia que la libertad de expresión tiene para la labor parlamentaria. Y señalan nítidamente que «una resolución parlamentaria, aún en el supuesto de ser aprobada por amplia mayoría [en este caso fueron 27 síes, 20 noes y 27 abstenciones] no puede limitar los derechos de participación política de las minorías, ni limitar su libertad de expresión».

La Mesa del Parlamento analizará el informe de sus Servicios Jurídicos en su reunión de hoy.