El Legislativo navarro censura en su declaración, presentada por Bildu y apoyada por PSN, Aralar-NaBai e I-E, que el proyecto sobre el reparto del empleo del Ejecutivo de Yolanda Barcina «abre la puerta al despido colectivo en la Administración por razones presupuestarias», una medida que «afectaría a 5.879 trabajadores dependientes del Gobierno de Navarra y otros muchos más de las entidades locales».

También critica la Cámara foral «las medidas que ahondan en la destrucción de empleo público y en la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores».

Igualmente, a través del texto, el Parlamento rechaza «la excesiva tasa de temporalidad de las administraciones de la comunidad, especialmente alta en los departamentos de Salud y Educación», y muestra su voluntad de que «se adopten medidas al objeto de dotar de estabilidad a la plantilla».

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, al término de la Mesa y Junta, denunció el intento del Gobierno de Nafarroa de «introducir la reforma laboral con bisturí en el ámbito de la función pública» y señaló que, si el Ejecutivo no rectifica, desde el Parlamento se podría derogar esa modificación del decreto.

Al respecto, el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, comentó que la oposición podría hacer valer su mayoría para regular esta materia a través de una ley foral que ya no podría ser modificada por decreto.

Bakartxo Ruiz, de Bildu, denunció que la Administración «ya es una ETT con unas tasas de temporalidad inasumibles» y afirmó que «es una vergüenza hablar de repartir el empleo» con medidas «para destruirlo aún más» y provocar «una merma añadida de la calidad de los servicios públicos».

La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aseguró que la propuesta del Gobierno supone «abrir la puerta al despido colectivo» y abogó por el mantenimiento del trabajo público.

Carlos García Adanero, de UPN, defendió la propuesta del Gobierno de Barcina al subrayar que con la misma «no se busca despedir, sino todo lo contrario», que haya «más personas con capacidad de trabajar».

Por el PP, Enrique Martín abogó por que en esta materia «exista el máximo consenso posible» e hizo un llamamiento a agotar las vías de diálogo.