Trabajadores de mancomunidades de servicios sociales protestaron ayer frente al Departamento de Políticas Sociales por la modificación de la Orden Foral que regula las ayudas a entidades locales para proyectos de Empleo Social Protegido al entender que perjudica a las zonas rurales.

Bajo el lema «Protejamos el empleo social protegido», alrededor de un centenar de personas se concentraron frente al citado departamento para denunciar que en la resolución de 18 de abril del consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, a diferencia de en ejercicios anteriores, se han modificado los criterios de adjudicación, primando la población frente a los proyectos o las necesidades específicas de cada zona, lo que, en su opinión, representa un perjuicio para las zonas rurales.

Esta modificación de los criterios agrava todavía más la precaria situación en la que se ha dejado al Empleo Social Protegido tras los sucesivos recortes a los que se le ha sometido en los tres últimos años, y que cifraron en un 70% (de 7,170 millones en 2010 a 2,194 en 2013).

Además de hacer pública su protesta en la calle, las mancomunidades de servicios sociales de base de las zonas de Ultzama, Malerreka, Baztan, Altsasu, Irurtzun, Etxarri-Aranatz, Leitza y Bortziriak han recurrido la citada Orden Foral y han exigido al Gobierno que la modifique.