El trabajo no es una mercancía». La frase recogida en el preámbulo de la Declaración de Filadelfia debería ser el sancta sanctorum de quien emprende un negocio en cualquier parte del mundo. Pero no es así, a pesar de la adopción de declaraciones y pactos internacionales que enuncian numerosos derechos relativos al empleo, el trabajo y la seguridad social.

Mientras el liberalismo triunfa y las fronteras se abren a los flujos de mercancías y financieros, el internacionalismo proletario se desvanece. Como el ocaso del cisne. Magnates, accionistas e inversores especuladores se lucran gracias a la explotación de la vulnerabilidad de una parte de la población que malvive con salarios de miseria y condiciones de trabajo asimilables a la esclavitud (¿abolida?).

Las 1.127 obreros y obreras (la mayoría eran mujeres) que trabajaban en el inmueble Rana Plaza, en la periferia de Dacca, cobraban 37 dólares (28 euros) al mes por fabricar prendas destinadas a marcas vendidas a bajo precio con la etiqueta: «Made in Bangladesh».

Los terroristas financieros que les arrebataron la vida probablemente nunca se sentarán en un banquillo para ser juzgados. Seguirán cotizando en Bolsa y utilizando teléfonos móviles de última generación, sin importarles el valor de las vidas de quienes extraen el coltán que les permite estar permanentemente conectados. Me viene a la memoria aquella letanía de «Trainspotting»: «Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos baratos. Elige ropa deportiva y maletas a juego». Me estoy desenganchando: Llevo casi dos años sin comprar en las tiendas del grupo Inditex.