Los seis activistas de la Plataforma contra el BBVA se presentaron ante el Juzgado con trajes de ejecutivo y maletines en los que se leían diferentes inscripciones como «paraísos fiscales, desahucios, guerra, expolios o armamento». La Ertzaintza les acusó de desórdenes públicos porque, por sexto año consecutivo, burlaron la fuerte presencia policial que se instala en el Palacio Euskalduna el día de la Junta Ordinaria de Accionistas, y derramaron pintura roja sobre sus cuerpos para denunciar «las prácticas antihumanas de este banco a lo largo de todo el mundo», reiteraron ayer en un comunicado.

Ante el juzgado, un grupo de personas, que portaban una pancarta con la inscripción «BBVA hiltzailea», gritaban esa y otras consignas, mientras repartían cartillas simuladas del banco, donde figuraban los sueldos millonarios del equipo ejecutivo del banco o las inversiones en empresas de armamento, entre otros muchos datos.

Como explicaron, «BBVA es un caso particular dentro del entramado financiero mundial que sufrimos y que funciona sin ningún tipo de ética». Recordaron que en 2012 obtuvo un beneficio de 1.635 millones de euros, «mientras la gran mayoría de la ciudadanía se encuentra inmersa en una profunda crisis. Crisis provocada por la especulación llevada a cabo por los propios bancos y cuyas consecuencias seguimos pagando ciudadanas y ciudadanos a través de la desviación de fondos estatales y la oleada de desahucios».

Los activistas de la Plataforma contra el BBVA recuerdan que «no debemos olvidar el papel que están jugando bancos y cajas, y entre ellos el BBVA, en los cientos de desahucios que se están pasando por encima de un derecho básico del ser humano como es la vivienda digna, con el único objetivo de obtener ingentes beneficios económicos». Para mostrar ese desequilibrio, recordaron que los directivos del banco «siguen recibiendo sueldos desorbitados. Francisco González, presidente del banco percibió 2,96 millones en efectivo, además de acciones en 2012». Denunciaron que esos beneficios se logran «en gran parte por su participación financiera en megaproyectos con un grave impacto ambiental, social y humano» y denunciaron que es «el mayor inversor de todo el Estado en fabricación y exportación de armamento a regímenes y países en conflicto».