La Corte Penal Internacional (CPI) lleva a cabo «una especie de caza racial» al perseguir solo a dirigentes políticos africanos, denunció el presidente en ejercicio de la Unión Africana, Hailemariam Desalegn, tras la clausura de la cumbre que ha celebrado el medio siglo de vida de esta organización .

Con la creación de la CPI, «el objetivo era evitar toda forma de impunidad, pero el proceso ha degenerado en una suerte de caza racial» denunció el primer ministro etíope en el marco de una cumbre que ha exigido la transferencia a los tribunales keniatas del proceso judicial en la CPI contra el presidente y el vicepresidente de Kenia por crímenes contra la humanidad.

Uhuru Kenyatta y William Ruto, elegidos respectivamente en marzo presidente y vicepresidente de Kenia, están procesados por la corte de La Haya por su presunto papel en la ola de violencia que siguó a las elecciones presidenciales en diciembre de 2007. Estos choques derivaron en enfrentamientos comunitarios seguidos de muertes brutales, violaciones y mutilaciones que dejaron un saldo de un millar de muertos y cientos de miles de desplazados.

El proceso contra Uhuru Kenyatta debe comenzar el 9 de julio en La Haya. El de William Ruto debería haber empezado ayer mismo, pero fue retrasado sine die a principios de mayo.

Muchos jefes de Estado africano han acusado recientemente a la CPI de procesar únicamente a africanos. «El 99% de los inculpados son africanos y eso demuestra cuál es la deriva del tribunal», señaló el primer ministro etíope.

Ciertamente, desde su creación, la CPI ha inculpado a una treintena de personas, todas africanas, por crímenes cometidos en ocho países de África (República Democrática del Congo, República Centroafricana, Uganda, Sudán (Darfur), Kenia, Libia, Costa de Marfil y Mali.

De ellos, las investigaciones abiertas en RDC, República Centroafricana, Mali y Uganda lo han sido por demanda de los estados concernidos, signatarios todos ellos del estatuto de Roma, germen de la fundación de la CPI. Los procesos concernientes a Sudán (Darfur) y a Libia, países no siginatarios del estatuto de Roma, fueron instados a demanda del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que los dossieres relativos a Kenia y a Costa de Marfil han sido instados por la propia fiscalía del tribunal internacional.

«Si tomamos el ejemplo de Kenia, la inculpación tiene que ver con enfrentamientos entre dos tribus, los kalenjin y los kikuyu (comunidades respectivas de Kenyatta y de Ruto), pero ambos clanes se han unido (...) para elegir al presidente y al vicepresidente», recordó Hailemariam.

La CPI autorizó en 2010 a su fiscal a iniciar un proceso en razón de «la inacción de las autoridades keniatas» para depurar responsabilidades en el ámbito de aquellos enfrentamientos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, puso en valor las reformas judiciales llevadas a cabo desde el estallido de la violencia en Kenia para justificar que el dossier vuelva al país africano.

Por consenso

El comisario de la UA para la paz y la seguridad, Ramtane Lamamra, informó de que la resolución crítica sobre la CPI fue adoptada «por consenso» y sin voto formal. Solo dos países mostraron sus reservas: Gabmia, país de origen de la fiscal del tribunal Fatu Bensuda, y Bostwana.