Los sucesivos gobiernos españoles han hecho del honor patrio una cuestión de estado. Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy se resistió desde el primer momento a pedir el rescate financiero europeo. Y, cuando lo solicitó para evitar el derrumbe de buena parte del sistema financiero enfermo de la fiebre del ladrillo, se quiso hacer pasar por una ayuda puntual. No lo es, y por eso las autoridades europeas lo contabilizan como déficit público. Es decir, la cifra que ha de cuadrar con el sacrificio de todos, no sólo de los bancos.

El miércoles próximo, la Comisión Europea deberá adoptar una decisión de gran alcance: como los desequilibrios de España (paro, déficit, deuda pública y deuda privada) no se corrigen con suficiente rapidez y vigor, tomará del Gobierno español la poca soberanía económica que le queda. Esto es un rescate. Rajoy y su equipo deberán adoptar, quieran o no, las reformas impuestas desde Bruselas. Unas reformas que afectarán a las leyes laborales, a las pensiones, la fiscalidad y, quizás, a los funcionarios.

(...) Volveremos a oír decir que por culpa de Catalunya estamos como estamos. Nadie se para a pensar que, si Catalunya fuera tan maligna, habría hecho imposible la prosperidad años atrás. Hay que prepararse para una nueva andanada. Y no desviarnos del rumbo.