El Tribunal Constitucional declaró invalida la ley que rigió los comicios a principios de 2012 a la Cámara Alta (Shura) y la composición de la ya disuelta Asamblea Constituyente, lo que abre la puerta a la posible disolución de la primera y a la anulación de los trabajos de la segunda.

Para el Alto Tribunal, la norma vigente durante las elecciones a la Shura, en las que triunfaron los Hermanos Musulmanes, permitió que los partidos presentaran candidatos a un tercio de los escaños de la Cámara reservados a independientes, lo que contradice la Constitución.

Un argumento similar defendió la misma instancia judicial hace un año cuando consideró inconstitucional la composición de la Cámara baja (Asamblea del Pueblo), lo que acarreó su disolución y que la Cámara Alta asumiera todo el poder legislativo.

En este caso, el Tribunal ha resuelto que la Shura no se disuelva hasta que se celebren los próximos comicios a la Asamblea del Pueblo, cuya fecha aún no se ha determinado por otra batalla que se libra en los tribunales.

Respecto a la Asamblea Constituyente, que redactó la Carta Magna aprobada en diciembre pasado en referéndum, la Corte cree que es ilegal su composición porque sus integrantes fueron miembros de las dos cámaras del Parlamento.

Tras esta sentencia, será la Justicia administrativa la que tendrá que estudiar si anula el trabajo de dicha asamblea.

El fallo del Constitucional supone un revés para el presidente, Mohamed Morsi, y los Hermanos Musulmanes, cuya formación -el Partido Libertad y Justicia- triunfó en las pasadas legislativas de 2012 y, como consecuencia, dominó junto a otros grupos islamistas la Asamblea Constituyente.

La Presidencia egipcia señaló ayer que la Cámara Alta seguirá desempeñando su papel legislativo completo hasta que se formen todas las instituciones del Estado y se traspase ese poder a la Cámara baja, conforme a la Carta Magna.

Sin embargo, algunos juristas han planteado que la Shura solo tendría potestad en este periodo para aprobar la ley electoral que regule esas elecciones.

La decisión de ayer es un episodio más de la larga historia de desencuentros entre la Justicia y los Hermanos Musulmanes, que se consideran perjudicados por las decisiones de los magistrados, a los que acusan de ser remanentes del régimen del derrocado Hosni Mubarak.

No es la primera vez que el Constitucional se cuestiona la validez de medidas adoptadas durante la transición o de decisiones del presidente.