Hizkuntz Eskubideen Behatokia ha puesto, un año más, negro sobre blanco la realidad que padecen miles de personas en Euskal Herria, ciudadanos y ciudadanas que son teóricos sujetos de derechos pero a los que, sin embargo, se les vulnera uno de los más básicos: el de vivir en su lengua. Los 1.500 casos recogidos en el informe del pasado ejercicio son el retazo de un lienzo mayor, son ejemplos de un problema que afecta a toda la comunidad euskaldun.

No hay, en este sentido, espacio administrativo donde los euskaldunes tengan garantizados sus derechos sin matices ni cortapisas. En Ipar Euskal Herria, tienen que hacer frente a la oposición sistemática de las autoridades francesas a dar un reconocimiento oficial a la lengua de los vascos, aun cuando en marzo de 2012 miles y miles de personas demandaron su oficialidad en Baiona, y a pesar de que el presidente, François Hollande, incluyó este tema en su programa. En Nafarroa, donde se mantiene la vergonzante zonificación lingüística, son muchas las personas que no cuentan con cobertura legal y que deben sufrir, además, la animadversión nada disimulada de sus mandatarios. La inquina de la administración navarra hacia la lingua navarrorum será motivo de estudio en los libros de historia. Y en la CAV, tres décadas después de que se implantara la oficialidad legal del euskara, los hechos, en este caso las vulneraciones, indican que no se han adoptado las medidas suficientes para garantizar ese derecho.

Garbiñe Petriati, directora de Behatokia, no dejó margen de duda al subrayar que en todos los ámbitos administrativos y sectores se vulneran los derechos lingüísticos. Esta es la realidad que refleja ese millar y medio de quejas, un panorama que, por mucho que se empeñen quienes alaban las virtudes del actual marco, no cambiará mientras el euskara no sea oficial en todo Euskal Herria y se pongan las herramientas y la voluntad necesarias para llevar esa oficialidad a la práctica.