Siete años después de que se conociera que los servicios de Inteligencia de EEUU, bajo el mandato de George W. Bush, espiara las llamadas telefónicas de los estadounidenses, la Administración de Barack Obama tuvo que justificar ayer haber mantenido y ampliado el programa en virtud de una orden judicial secreta. Esta revelación, realizada por el diario británico «The Guardian», supone el último golpe a la credibilidad de su sucesor, Barack Obama, a quien sus conciudadanos ven cada vez más como un continuador de las políticas que más criticó.

Si el segundo mandato de un presidente es clave para fijar su legado, el de Obama se ha llenado hasta ahora de dolores de cabeza: la revelación del excesivo escrutinio a grupos conservadores del servicio de recaudación de impuestos (IRS), las escuchas telefónicas a la agencia AP y a un periodista de Fox News, y el caso de la operadora telefónica Verizon, revelado ayer por «The Guardian».

Según el diario británico, la Corte creada por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa) concedió en abril una orden judicial por la que el Gobierno puede examinar a diario y de manera continuada los registros telefónicos -tanto internos como con el extranjero- de millones de clientes de la operadora Verizon durante tres meses, aunque sin acceder a su contenido.

El documento al que tuvo acceso «The Guardian» muestra, por primera vez, que bajo la Administración Obama se han efectuado registros de comunicaciones de millones de ciudadanos de EEUU de manera indiscriminada y sin tener en cuenta si los autores de las llamadas han cometido algún delito.

La Casa Blanca tardó en reaccionar y finalmente aseguró que somete a un «régimen legal sólido» los registros telefónicos que hacen sus agencias de Inteligencia para intentar garantizar que son constitucionales y que el Gobierno se esfuerza en respetar las libertades civiles aunque su «máxima prioridad» es la seguridad.

«La comunidad de Inteligencia está llevando a cabo sus actividades de acuerdo con estatutos públicos con el conocimiento y la supervisión del Congreso», señaló Josh Earnest, un portavoz de la Casa Blanca.

Para muchas organizaciones civiles que calificaron la situación «orwelliana», no obstante, el hecho de que la práctica tenga una base legal desde hace casi doce años -la disposición se aprobó tras el 11S en el marco de la «lucha contra el terrorismo» impulsada por Bush- no justifica que el Gobierno siga recurriendo a ella, porque «sacrifica» los derechos democráticos básicos en aras a las demandas de las agencias de Inteligencia.