El lehendakari, Iñigo Urkullu, se comprometió ayer a utilizar «toda nuestra capacidad normativa para preservar nuestro modelo educativo aunque ello suponga, si es preciso, esquivar la aplicación de la Lomce en todo aquello que sea contraproducente para nuestro sistema, siempre y cuando contemos con el apoyo mayoritario de este Parlamento y de la mayoría de la comunidad educativa».

La declaración vino a consecuencia de una interpelación de EH Bildu. Juanjo Agirrezabala explicó que el Gobierno de Lakua se había mostrado en diversas ocasiones crítico con los contenidos de la reforma educativa propuesta por la denominada ley Wert, pero que la cuestión estaba en saber si el Ejecutivo va a impedir su aplicación en la CAV y qué medidas va a tomar para ello.

En su primera respuesta, el lehendakari volvió a reiterar la oposición de su Gobierno a la aplicación de la Lomce, por las consecuencias negativas que ello tendría en el sistema educativo vasco. Incluso expuso un decálogo, cuyo resumen es que la aplicación de la ley Wert «supone un retroceso de más de 20 años en el desarrollo alcanzado gracias a nuestro sistema educativo. Nos situaría en el pelotón de los más torpes de Europa, y eso no lo vamos a consentir».

Urkullu subrayó que ese decálogo es la base que quiere compartir su Gobierno con otros agentes para lograr un amplio consenso para impedir la aplicación de la Lomce.

Al retomar el turno de palabra, Juanjo Agirrezabala respondió al lehendakari que estaba de acuerdo con el diagnóstico sobre los aspectos negativos de la reforma española, pero que lo que quería era escuchar «de su propia boca» el compromiso del Gobierno de no aplicar dicha ley. Y destacó que, en ese camino de no aplicación de la ley, el Ejecutivo autonómico encontrará el apoyo de EH Bildu, y aventuró que también cosechará el de los sindicatos y el de la mayoría de los agentes implicados en el sistema educativo.

Fue entonces cuando el lehendakari mostró el compromiso gubernamental de, una vez que se apruebe la ley en las Cortes españolas, aplicar «toda nuestra capacidad normativa para defendernos e incluso para esquivar su aplicación». Para ello, en opinión de Urkullu, es preciso «contar con un diagnóstico compartido, con la implicación de toda la comunidad educativa y seguir alimentado el sistema educativo propio». Una tarea que, según insistió, habrá que hacerla entre todos «o no la haremos».

«Tenemos mucho camino que recorrer -sostuvo-, tanto como el que hemos recorrido hasta ahora, por lo que lo sensato es seguir trabajando y lo vamos hacer. Es preciso actuar con calma, con firmeza y con la mayor inteligencia posible».

En las últimas fechas, el Departamento de Educación se está reuniendo con los agentes educativos para forjar un acuerdo sobre esta materia.