Los partidos políticos presentes en el Parlamento de Gasteiz recibieron con prudencia este Plan de Paz y Convivencia del Gobierno autonómico. La citada propuesta incluye una apuesta por consensos, pero las distintas formaciones mostraron sus dudas al respecto.

La valoración más detallada fue la realizada por EH Bildu, que contempla algún elemento positivo en el texto, como puede ser el reconocimiento de las torturas a las que han sido sometidos muchos ciudadanos vascos y la apuesta del Gobierno por reparar a las víctimas de malos tratos, pero hizo hincapié en que el Plan de Paz y Convivencia marca «un punto de partida falso», ya que es obvio que las autoridades españolas y francesas mantienen intacta su actitud represiva y que eso supone un gran lastre.

En una rueda de prensa, Julen Arzuaga, que aprovechó su comparecencia para denunciar la incomunicación impuesta por las autoridades españolas a Rubén Genbeltzu y Jon Lizarribar, destacó que la detención de estos dos ciudadanos vascos en Urnieta y Andoain [página 8 y 9] demuestra que la situación política no ha cambiado tanto como se desprende del plan del lehendakari.

«Ese principio de realidad es cierto solo en parte, porque la realidad, al menos en el ámbito de las políticas represivas del Estado español, sigue sin cambiar», denunció antes de enumerar actuaciones judiciales puestas en marcha por las autoridades españolas contra la ciudadanía vasca. Entre las mismas citó la reciente negativa del Tribunal Constitucional español a excarcelar a los condenados por el «caso Bateragune», el próximo macrojuicio contra exdirigentes de Batasuna y el maltrato a los presos vascos.

A este respecto, Arzuaga cuestionó el Programa Hitzeman, que, según explicó el Gobierno de Gasteiz, nace para facilitar el proceso de reintegración social de las presas y los presos. El parlamentario de EH Bildu recordó que las comunidades autónomas carecen de competencias en materia penitenciaria y criticó que Lakua no haya contrastado su idea con los represaliados vascos.

Asimismo, lamentó que el plan se centre «principalmente en una lectura de las consecuencias del conflicto», sin reparar en las razones que lo generaron. A su parecer, esto es un error, porque el análisis de los motivos constituye un elemento «básico para alcanzar una solución integral» que acerque la paz y la convivencia a Euskal Herria. Dos conceptos esperanzadores que, en opinión del parlamentario, deben ser entendidos como «un compromiso de no violencia y no imposición».

PP y UPyD marcan distancia

Desde el PSE, Idoia Mendia, que no había recibido el documento cuando fue interpelada sobre el mismo, se limitó a mostrar un deseo de que el tema de la paz y la convivencia quede «fuera de la lucha partidaria».

«Esperamos leer el documento con detenimiento y haremos nuestras aportaciones. Trataremos de sumar experiencia porque aquí de lo que se trata es de que construyamos el país entre todos para que todos nos sintamos parte de él», destacó la anterior portavoz del Gobierno de Lakua.

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, no cerró la puerta al Plan de Paz y Convivencia, aunque sí reconoció que, a su parecer, el documento es «muy mejorable y tiene muchas cosas que corregir».

Como era de esperar, hizo hincapié en la necesidad de «hacer más fuerza en deslegitimar» la actividad armada de ETA, sin reparar en las vulneraciones de derechos cometidas por los estados español y francés.

Por su parte, Gorka Maneiro (UPyD) cargó directamente contra un plan que, a su juicio, «diluye las responsabilidades de ETA». En su lugar, UPyD propone «un plan para deslegitimar las ideas totalitarias», sin ningún otro contenido.