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PULSO SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Dos vascos en manos de la Guardia Civil por acusaciones del año 2002

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GARA | DONOSTIA

Jon Lizarribar, de Urnieta, y Rubén Gelbentzu, de Andoain, están incomunicados en manos de la Guardia Civil. Se les imputan cuatro atentados de ETA producidos hace más de una década, pero según el Ministerio de Interior no habían sido detectados hasta ahora.

La redada supone la primera de este tipo en Euskal Herria en muchos meses. Y ha disparado la alarma sobre posibles torturas, después de que no haya denuncias desde febrero de 2012, cuando fueron capturados en la misma zona Iñaki Igerategi e Inaxio Otaño, también por la Guardia Civil.

Extrañamente, durante toda la jornada no se informó del nombre del juez que lleva el caso. No es un dato baladí, ya que según fuentes de la Audiencia Nacional la mayor parte de los magistrados instructores se muestran dispuestos a adoptar algún protocolo preventivo ante las torturas, pero otros no. Al parecer, el encargado de esta redada podría ser Ismael Moreno. Sea como fuere, Amaiur dirigió ayer una carta urgente al ministro del Interior, firmada por Iker Urbina, para reclamar que no incomunique a los arrestados.

Documentos y laboratorio

Llama la atención que Lizarribar ha estado preso durante más de cuatro años, entre 2004 y 2009, después de los atentados citados. Se trata de una explosión nocturna en el campus de la Universidad del Opus Dei en Nafarroa en el año 2002 (no confundir con la producida posteriormente en el mismo recinto en 2008, esta vez a plena luz del día); del atentado con coche-bomba en un aparcamiento de El Corte Inglés en Zaragoza; y de las bombas contra dos empresas de Azagra y Arguedas, todo ello en 2002.

Gelbentzu fue arrestado igualmente con posterioridad, en concreto en 2003 en una de las frecuentes operaciones por los policialmente llamados «papeles de Susper». Quedó libre unos días después.

Los domicilios de los detenidos fueron registrados durante ocho horas sin que trascendiera ningún hallazgo relevante. Fuentes policiales apostillaron que «los dos detenidos estaban desactivados y no mantenían contacto con los líderes de la banda en Francia».

El Ministerio del Interior afirma que los datos nuevos que han desencadenado estas detenciones proceden del análisis de información incautada a ETA en el Estado francés. Otras fuentes citadas por Europa Press añaden como incidios para identificar a los detenidos «informes sobre la desactivación de explosivos y un trabajo antropométrico de laboratorio en el que se estudiaba la fisonomía de los sospechosos en función de la información aportada por testigos».

La operación no suscitó más felicitación que la del Ayuntamiento de Iruñea. Sortu la rechazó en una urgente rueda de prensa. Instituciones como la Diputación de Gipuzkoa y el Consistorio de Andoain hicieron otro tanto, incidiendo en la preocupación por el trato que puedan recibir los detenidos. El Gobierno de Lakua evitó cuestionarla directamente, pero hizo ver al Gobierno español que no puede limitarse a la realización de detenciones. Bake Bidea, organización impulsora de la resolución del conflicto que opera en Ipar Euskal Herria, también rechazó la redada.

Sortu la sitúa como «una agresión al proceso de construcción de la paz». Sus portavoces, Pernando Barrena y Amaia Izko, alertaron de que «los enemigos de la paz no están en una simple posición de bloqueo: el PP ha puesto en marcha la agenda de la involución». Consideraron que «son enemigos de la paz porque le tienen miedo, prefieren perpetuar la situación de conflicto para así seguir imponiendo su proyecto español». «Y si esto es así, este país, este pueblo, tendrá que actuar en consecuencia, desde la unilateralidad como pueblo», recalcaron.

Avanzada la tarde hubo manifestaciones de protesta en las dos localidades. En Andoain se movilizaron unas 250 personas y en Urnieta 325. Se repetirá a diario en ambos pueblos mientras dura la incomunicación.

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