Raúl Arza, nuevo secretario general de UGT Euskadi, llega para afianzar la central.

¿Qué tres objetivos se plantea al frente de UGT Euskadi en su mandato?

Incrementar nuestra presencia en los centros de trabajo con el doble objetivo de aumentar la afiliación y la representación. Intentar llegar a un acuerdo que salvaguarde la negociación colectiva sectorial. Y seguir trabajando por grandes acuerdos en los temas que nos unen en el tema sindical, para buscar la unidad sindical.

¿Quiere recuperar fuerza?

Somos 40.000 afiliados. Hemos crecido un 1% de un congreso a otro. Quiero volver a la idea de ser fuertes en los centros de trabajo para ser útiles a la sociedad. Debemos entender al trabajador desde la doble dimensión de trabajador y de ciudadano. No terminan sus problemas en la empresa. Tenemos que ser capaces en la defensa de la Sanidad, la Educación, la Protección Social, sean pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Tenemos que aumentar la representación, para afianzar esos campos.

¿Hace aguas el sistema de protección social?

Está complicado. Los ataques al sistema de protección social, como la austeridad que preconizan los gobiernos, son una opción política. No es un fenómeno atmosférico. Los gobiernos están utilizando la crisis para hacer un cambio de modelo. Claramente el PP está utilizando la crisis para hacer ese cambio modelo en Educación, Sanidad y Pensiones. Y el Gobierno Vasco está intentando capear la crisis también desde esa óptica.

¿El PSE también recortó en el Gobierno de Gasteiz?

Sí, el anterior Gobierno de Patxi López recortó el 7% de los recursos de la Renta de Garantía de Ingresos. El Gobierno actual ha seguido esos pasos. No entendemos porqué se plantean solo políticas de recorte. Hay que buscar nuevos ingresos.

¿Dónde?

La política fiscal es un caladero en el que podemos pescar para aumentar los ingresos, incluso en el tema de las pensiones. Queremos que la gente acompase lo que gana con lo que cotice. Todos los trabajadores que ganan por encima de 42.000 euros en 12 meses, están en el tope de cotización. Lo que decimos es que la gente cotice por lo que realmente gana y que no tenga la tentación de hacer aportaciones a los fondos de pensiones, para beneficiarse de las deducciones fiscales. En estos años de crisis, habría que revisar los topes de aportaciones y deducciones en las pensiones privadas.

¿Otras deducciones que habría que revisar a su juicio?

La deducción de los ingresos en vivienda. Hay que revisar deducciones en IRPF y en el Impuesto de Sociedades, porque declaran mucho menos por las enormes deducciones. Así, pagan muy poco, entre el 14 y 15% como mucho, las que pagan. Hay que hacer una revisión de lo que son las rentas de capital. No puede ser que alguien pague menos impuestos porque sus ingresos provienen de rentas de capital, que quienes cotizamos por las rentas de trabajo. Hay muchos puntos a tocar, como deducciones por hijo dependiendo de los ingresos, entre otras. Hay que darle una vuelta.

Se pasa el tiempo dando vueltas y parece que nadie hace nada.

Ojalá en el corto plazo seamos capaces de empujar al acuerdo político, pero, al final, debe ser trasladado a las Juntas Generales. No tiene capacidad el Parlamento vasco. Este es un asunto a repensar.

¿Cómo se avanza en una solución en negociación colectiva?, porque el acuerdo de Madrid firmado por su central, CCOO y la patronal no garantiza nada.

Es una declaración de intenciones.

Pero nada más.

Así es, pero hace un llamamiento a las partes, para que sean capaces de alcanzar un acuerdo en ese tiempo.

Entonces, ¿no sirve de nada?

No, si no se traslada a los convenios. Llama a las partes que se traslade a la negociación.

¿No es más fácil quitar los puntos que restringen la ultraactividad y el que permite a los empresarios dar marcha atrás a los acuerdos?

El problema es que se lo ha dado la ley a la patronal, les favorece.

¿Es un chantaje permanente?

Lo que decidimos es que hasta ahora la ley nos permitía otras cosas. Hemos sido capaces de negociar en los años en que teóricamente la patronal se quejaba de que la ley estaba a nuestro favor. Si el acuerdo pasa por acatar la reforma laboral, UGT no va a estar por acatar ese acuerdo. Porque para acatar la reforma laboral no necesitan el aval de los sindicatos.

¿Cuál es su fórmula?

Pasa por un acuerdo que permita la ultraactividad en un plazo.

¿Tendrían que ceder los empresarios porque son los que tienen la ley hecha a su medida?

Tendría que hacerlo y buscar un mecanismo que en el caso de la ultraactividad no llegue a su fin, y buscar otros mecanismos en el Preco o el CRL y obligar a las partes.

Si hay obligación de aceptar una decisión, no hace falta llegar a acuerdos. Basta a la patronal esperar a esa decisión.

Estoy de acuerdo, pero el problema es en qué escenario nos encontramos a partir del día 7 de julio si la negociación provincial decae. Es complicado. Es un chantaje por parte de la patronal, pero debemos ser conscientes de que los sindicatos debemos ser amenaza creíble para la patronal; y no lo somos. Solo lo seremos si vamos los cuatro sindicatos juntos. Creo que ahora resulta que un sindicato ha tomado la reforma laboral para crecer como sindicato. Hay una estrategia, no coincidente, sí paralela, por parte de la patronal y de ELA de encontrarnos en escenarios sin convenio y el que más chifle y tenga más capacidad de presión empresa a empresa, sacará su convenio.

Si no hay acuerdo el día 7 de julio, ¿qué ocurrirá?

Creo que pasarán dos cosas. Primero, que no haya convenio no quita las condiciones de quienes están en activo. Hay diferentes opiniones. Para reducir salarios y modificar jornada habría que ir al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Porque esas personas tienen garantizadas las condiciones de trabajo. Lo que está claro es que a los nuevos trabajadores les afectaría, porque no habría una regulación mínima. Entrarían al tema salarial con el mínimo interprofesional y decaerían el resto de condiciones.

¿El problema sería para los que entran no para los que están?

En un principio sería para los que entran, aunque a futuro sería para todos. Lo que no puede ser es que la competencia de las empresas se vaya a basar en la devaluación de las condiciones laborales y salariales. Van a competir a bajar salarios y aumentar jornada. El problema que tenemos ahora es que no podemos devaluar el euro; así que, lo que hacen es devaluar las condiciones de vida y trabajo. Así no puede ser.

¿Vamos a competir en salarios con los países emergentes?

Competir en bajos salarios no es el modelo nuestro, ni es el modelo que queremos para Euskadi. Tenemos que tomarnos en serio el cambio del modelo productivo. Se habla, pero hay que invertir en Educación, en Formación Profesional, en nuestra internacionalización, porque hay un mercado de 6.000 millones de clientes ahí fuera esperándonos.

¿Cree que la financiación de las empresas, de los ciudadanos, es un problema importante en este momento?

Muy importante. Hay un montón de empresas que no encuentran financiación. La última, Talleres Vicalde, de Laudio. Tienen un contrato de 3 millones y 20.000 horas, que garantiza el trabajo para todo el año para la plantilla, pero no encuentran 200.000 euros. Hago un llamamiento al Gobierno Vasco y a las instituciones financieras para que no dejen que cierren empresas con clientes. Pasa lo mismo con otra empresa de la zona, Lipmesa, en proceso concursal. No sé donde está el fallo, pero está fallando la puesta a disposición de dinero para las empresas.

¿Qué se puede hacer a su juicio?

Dicen que técnicamente hay un problema porque tienen que provisionar en el Banco de España cuando prestan dinero. Lo que decimos es que estén exentas de esa provisión cuando prestan ese dinero a empresas para inversión, si es positiva. Incluso creo que deberemos replantear lo del fondo de las EPSV, que dijimos que iba demasiado de prisa, porque nadie nos garantizó el control. Itzarri está en Tubacex y participa en CAF. Si dan rentabilidad y va con el aval del Gobierno, y participamos en una comisión de control y esas empresas no aplican la reforma laboral ni despiden a la gente, no tenemos que cerrar esa puerta.

¿La medida más urgente es esa?

Que llegue crédito a las empresas para que no cierren empresas con trabajo. No hay interés por Kutxabank y Laboral Kutxa en esto. Se hace mucha publicidad, pero el dinero no llega.

«Urkullu se lo tiene que tomar en serio»

¿Falta una política industrial y de empleo en la CAV?

EL Gobierno de Urkullu se lo tiene que tomar en serio. Es necesario un plan industrial y de reactivación económica en serio. La prioridad para aumentar ingresos debe ser aumentar el empleo. Resulta que prevén que se perderán 24.000 puestos netos, y el próximo año, 6.000 más. Prevén que no se vuelva a crear empleo hasta 2015. Dos años más de crisis y 30.000 parados más, hasta 200.000.

¿Mejor olvidarnos del modelo español?

Para algunas cosas, otras no. Porque en el sistema de pensiones nos echan una mano. En 2012 en prestaciones de desempleo fueron deficitarias en 322 millones y en 2011 el desfase en pensiones fue de 1.400 millones.

¿Hasta entrar en crisis había superávit?

Sí, porque se compensaba con la baja tasa de paro.

¿Un sistema público de pensiones nunca puede ser deficitario?

Claro, ¿por qué los ingresos y gastos tienen que ser de los que cotizan? ¿Por qué no se puede plantear un impuesto para garantizar las pensiones en épocas como la actual? No creo que la gente tuviera un problema en pagar un 1% más fiscalmente para mantener el sistema o que figure una casilla como en la declaración de la renta.

El consejero Aburto avanzó la idea de subir cotizaciones y crear un fondo a través de un impuesto.

Estamos entre los países europeos con el gasto de PIB más bajo en pensiones. Tenemos un diferencial de presión fiscal de 8 y 9 puntos con Europa. La austeridad, la presión fiscal y las pensiones son problemas de decisión política

¿Los nuevos cambios en las pensiones benefician a las pensiones privadas?

Sin duda, de los doce expertos, ocho o nueve,estuvieron ligados al sector privado, así han hecho esas propuestas de recorte de las pensiones públicas. J. BASTERRA