Una vez más, un nuevo proceso de reforma del sistema de pensiones se ha abierto en el Estado español. A partir del denominado «Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones», se ha desatado un debate en los medios de comunicación que está, en lo fundamental, sustentado en bases erróneas.

Esto es así, en primer lugar, porque se está haciendo recaer sobre dicho informe una responsabilidad que solo limitadamente le corresponde. El informe fue encargado por el Gobierno español, que solicitó a la Comisión «definir el factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social».

Esta terminología es aceptada por el propio informe y este es, en nuestra opinión, el primer error que la Comisión ha cometido. Y un error esencial. Porque ni es cierto que el sistema de pensiones español sea insostenible ni este informe dedica una línea a intentar demostrar tal insostenibilidad.

El informe parte del concepto de que «sostenibilidad» quiere decir que la aspiración de quien otorga el mandato (el Gobierno español) es que el sistema de pensiones se sostenga por sí mismo», es decir, que las pensiones se mantengan con las cotizaciones del propio sistema de la seguridad social.

Pero lo cierto es que el hecho de que las cotizaciones alcancen o no a cubrir el importe de las pensiones en nada afecta a la sostenibilidad del sistema. En ningún lugar está establecida tal limitación. No hay ninguna razón para que las pensiones no puedan ser asumidas con cargo al conjunto de los gastos del estado, en la proporción en la que el Parlamento establezca a través de la aprobación de los presupuestos.

En este sentido, no hay ninguna razón que permita soportar que el actual sistema de pensiones en el Estado español es o pueda ser «insostenible» o, al menos, no más de lo que pueden ser insostenibles el sistema educativo, los servicios sociales, el transporte, la defensa, el orden público o la justicia.

El informe busca incluso un soporte constitucional -absolutamente improvisado- para justificar su posición, al indicar que «...el Factor de Sostenibilidad ayuda a cumplir el mandato del artículo 135 de la Constitución Española y el de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según el cual todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, entendida ésta en términos estructurales».

Lo cierto es que el artículo 11.5 de la ley Orgánica que se cita únicamente exige que «las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o superávit presupuestario», lo mismo que se impone, por ejemplo, a las corporaciones locales, sin que por eso se exija a estas últimas que recauden por sí mismas la totalidad de sus recursos.

De cualquier forma, como decimos, el problema de fondo radica en que, una vez más, a través de la utilización de esta terminología, responsables políticos y medios de comunicación se vuelcan en una estrategia claramente destinada a atemorizar a la opinión pública haciéndole creer que es inevitable reducir las pensiones porque no va a haber recursos para hacer frente a las mismas. Un engaño patente e imperdonable.

Como hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones, la viabilidad del sistema depende, por un lado, por supuesto, de su cuantía y de la evolución demográfica pero, sobre todo:

a) De la capacidad de cada país de creación de valor añadido a largo plazo con el que financiar el conjunto del gasto público.

b) De las decisiones políticas que se vayan adoptando sobre cuántos ingresos recaudar y qué gastos priorizar.

Por otro lado, como vamos a ver, el volumen del gasto en pensiones actual y previsto para el Estado español no es, en absoluto, desproporcionado con respecto al entorno europeo.

El referente más claro sobre la carga que el sistema de pensiones supone para cada país es la evolución de su importe en relación al Producto Interior Bruto. Para ello, no hay más que ver el informe de la Comisión Europea sobre previsión del gasto en pensiones públicas para 2060, donde el Estado español se sitúa en una zona claramente intermedia en el conjunto de Europa.

Pero, lo que es aún más sangrante: si contemplamos los datos del gasto en pensiones sobre PIB, vemos que el supuesto desastre previsto para el 2060 (13,7%) queda por debajo incluso de la situación al 2010 de países como Austria, Francia o Italia:

Todo esto explica la flagrante inconsistencia del «Informe del Comité de Expertos». Ni se argumenta sobre por qué son insostenibles las pensiones -que no lo son- ni siquiera se analiza la posibilidad de conseguir la sostenibilidad, de forma total o parcial, a través de la subida de cotizaciones ni, por supuesto, mediante trasvases de otras partidas presupuestarias.

La explicación de todo ello no es otra que la existencia de un claro objetivo político de reducir el gasto en pensiones, no como consecuencia del riesgo de insostenibilidad, sino como parte de la estrategia de «devaluación interna» en la que se están basando desde el 2010 las políticas anti-crisis en el Estado. El indignante abuso de la consigna de «insostenibilidad» no es más que una estrategia para atemorizar a la población española y conseguir dar un paso más en la reducción del gasto social.

Evidentemente, siempre puede haber argumentos a favor o en contra de que se aumente o disminuya el gasto en cualquier partida presupuestaria, pero lo que consideramos que no es admisible es utilizar para ello campañas sistemáticas de desinformación como ésta.