La Habana es desde noviembre la sede de los diálogos entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos y, por tanto, foco de medios colombianos e internacionales. Con matices y variando en sus expresiones, cada uno se hace eco de lo que allí acontece, por lo menos, a nivel público. La delegación encabezada por Humberto de la Calle sigue cumpliendo su palabra de no entrar a un diálogo a través de los micrófonos, como ya adelantó en Oslo. Para la guerrilla, en cambio, La Habana representa una oportunidad sin parangón de acceder a los medios y de exponer sus planteamientos ante la sociedad, la propia y la ajena.

Inmersos ya en el segundo punto de la agenda, los debates discurren sobre la participación en política con plenas garantías para que no se produzcan más genocidios como el de la Unión Patriótica y sobre el calendario electoral que Santos se niega a modificar, por lo que desde hace semanas, se podría decir incluso que desde el mismo inicio de los diálogos en la capital noruega, viene reclamando un mayor ritmo para así cerrar el año con un histórico acuerdo y presentarse a la releección en 2014 con el sabor de la victoria casi asegurado.

Pitalito no está en La Habana. Es una pequeña comunidad del departamento del César, en Colombia. Las veinte familias que la componen acaban de regresar a sus tierras de las que fueron despojados por las maniobras de un terrateniente que se presentó como dueño absoluto de los terrenos. Pero su retorno después de tres años de desplazamiento forzoso se está viendo seriamente dificultado por la constante presencia de hombres armados, con uniforme y sin él, y por las amenazas de desalojo. Un hostigamiento que en nada se corresponde con la Ley de Restitución de Tierras, emblema del Gobierno de Santos, y menos aún con la firma del acuerdo en materia agraria y las declaraciones de De la Calle en el sentido de que lo acordado el 26 de mayo «permite transformar de forma radical la realidad rural de Colombia». Si a La Habana se le exige un avance más rápido, los Pitalitos de Colombia también reclaman un ritmo mayor en la protección de sus derechos.