Hace una semana, el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, anunció, junto a un plan de gobierno reciclado, que tiene la intención de agotar la presente legislatura. Que un jefe de gobierno anuncie que tiene intención de acabar su mandato no debiera ser noticia, pero en este caso resulta algo sorprendente.

Sorprendente porque CiU se comprometió junto a ERC a convocar una consulta sobre el futuro político de Catalunya a lo largo de 2014, eso sí, con una cláusula en la que se lee «con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requiriesen una prórroga». Una cláusula de la que los republicanos se deben estar acordando bastante los últimos días, porque la semana pasada Mas abrió la puerta a prorrogar la consulta más allá de 2014, sin explicar cuál es el «contexto socioeconómico y político» que lo pueda justificar.

En este sentido, en algunos círculos del nacionalismo conservador corre el cálculo según el cual sería preferible esperar a 2015, confiando en que el PP no revalide su mayoría absoluta y en que así sea más fácil conseguir un acuerdo con el Estado. Una versión que, además de su poca credibilidad -el PSOE no ha abierto en ningún momento la puerta a una consulta acordada-, cuenta con la oposición de ERC, para quien cuanto antes se celebre la consulta, mejor. De hecho, si puede ser antes que la escocesa -setiembre de 2014-, mejor, para evitar sorpresas.

Mas dijo además que agotaría la legislatura aún en el caso de que la consulta se celebrase antes de 2016 y lo hizo rebajando su valor, señalando que no sería «jurídicamente vinculante». Cabe deducir que Mas todavía aspira a convocar una consulta con permiso del Estado para luego negociar el resultado con el Gobierno español, o que se conforma con una consulta que, en la práctica, no sirva para nada. De hecho, Mas renunció a convocar unas elecciones plebiscitarias y a una declaración unilateral desde el Parlament. Se puede entender que uno no quiera desvelar sus cartas antes de iniciar la partida final, pero otra cosa es prescindir de dichas cartas antes de tiempo.

Como viene siendo habitual a lo largo de la legislatura, ERC respondió con moderación al discurso de Mas, pero la preocupación en las filas republicanas es algo evidente. Por si acaso, su presidente, Oriol Junqueras, ya dejó claro que ellos no cierran la puerta a una declaración unilateral de independencia. Pese a que la posición de ERC a corto plazo sea cómoda -las encuestas les auguran unos resultados espectaculares-, se lo juegan todo a la carta del proceso soberanista. Si este no avanza, se encallan con él. Y no solo se encallan, sino que probablemente retroceden, ya que el precio que ERC está pagando por su apoyo a CiU no es barato, pese a ser bastante desconocido. Entre otras cosas, los republicanos han impedido que Mas tenga que dar explicaciones por el caso Palau, han avalado diversas privatizaciones de empresas públicas, han permitido mantener la rebaja salarial, han aceptado el cierre de escuelas, han rechazado una auditoria de la deuda pública y han dejado que el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, siga al frente de la comisión bilateral Generalitat-Estado, pese a su clara oposición al proceso soberanista. Además, es ERC quien ayuda a mantener los vigentes presupuestos prorrogados, pactados por CiU y PP en 2012 y que han comportado recortes de 1.300 millones de euros desde enero.

Esquerra es consciente de ello, por lo que está por ver hasta dónde llega su capacidad de seguir presionando a Mas para que avance en la agenda independentista. Porque si esta capacidad llega a su límite sin conseguir nada en claro, la ruptura del acuerdo entre republicanos y conservadores es un escenario más que posible, para gozo de Duran i Lleida, que hace lo que puede para que así sea -hace poco calificó de «adversario político» a ERC-.

Pero cualquiera de los escenarios que se abrirían entonces no serían nada halagüeños para CiU: o convoca elecciones de nuevo sin clave plebiscitaria o, rechazado el PP, se alía con un PSC cuya propuesta federal pasa más por quitar competencias a los que las tienen, que otorgarlas a quienes no las tienen -recientemente cargó contra el concierto económico de la CAV y Nafarroa-. Cualquiera de las opciones supondría una pérdida de credibilidad -y votos- difícil de soportar para CiU, que debería recordar que las encuestas no auguran una huida de votos hacia el unionismo, sino hacia partidos más netamente independentistas.

Por muy tópico que resulte, lo cierto es que ha llegado la hora de la verdad. Mas prometió que ligaría su futuro político al proceso soberanista, por lo que debe decidir ya si cumple con sus promesas y convierte los constantes dichos en hechos, o si bien opta por protagonizar la mayor renuncia del pueblo catalán en muchos años. De manera épica, como le gusta hacerlo al mismo Mas cuando se reviste de solemnidad, le toca decidir si muere -políticamente, se entiende- como héroe o como traidor. Es cierto que la hoja de ruta pactada con ERC sigue adelante -el 26 de junio se presentará el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir-, pero hasta ahora son más declaraciones de intenciones que pasos decididos. De ahí la inquietud generada por el discurso de Mas en ambientes independentistas, que reclaman que se les explique, más pronto que tarde, cómo se va a ejercer el derecho a decidir ante la evidente negativa del Estado a ceder.

De momento, vista la comparecencia de la semana pasada, parece que Mas apuesta más bien por intentar comprar tiempo y aplicar el refrán catalán «qui dia passa, any empeny» -coloquialmente, ir tirando-. Pero ya no hay dónde comprar tiempo, la situación socioeconómica catalana es insostenible, los sectores sociales más afectados por la crisis reclaman urgentemente un cambio de política -la izquierda crece en las encuestas- y la sociedad civil independentista reclama la consulta en 2014. Son de sobra conocidos los frágiles equilibrios internos que Mas debe intentar mantener con los poderes fácticos catalanes -reacios en su mayoría al proceso soberanista- y dentro de su propia coalición con Unió -el secretario general de CDC confesó ayer que el discurso de CiU sobre la consulta «chirría»-. Pero ninguno de estos motivos permite ignorar la amplia mayoría de catalanes que el 11 de setiembre salió a las calles de Barcelona y que el 25 de noviembre votó a favor de programas electorales soberanistas.

Hace tres meses, quien esto escribe tituló otro análisis sobre Catalunya con «Dudas y certezas sobre el proceso soberanista en Catalunya». Este texto podría haberse llamado igual. La diferencia es que las certezas, pocas, siguen siendo las mismas que hace un mes y, en cambio, las dudas son todavía mayores. Dudas sobre el proceso y, en última instancia, sobre el modelo de país por el que apuesta la, hoy por hoy, fuerza mayoritaria en Catalunya.

Y es que en los últimos días se ha conocido que, mientras el Govern no para de abogar por las estructuras de Estado, impulsa un ERE para despedir a 312 trabajadores de la radio y televisión públicas; mientras explica que un estado propio servirá para crear una sociedad más justa, anuncia que rebajará los impuestos al juego al 10% para que Stanley Ho -un magnate de los casinos que nada tiene que envidiar a Sheldon Adelson- pueda instalarse en Tarragona; y mientras asegura que la independencia servirá para construir maneras de hacer diferentes a las que denomina «españolas», la Fiscalía anticorrupción acusa al partido de Mas de cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales.