Tres horas necesitó ayer la Ertzaintza para desalojar a las decenas de trabajadores encerrados en la planta de Troquenor. Los agentes, como casi siempre embozados, tuvieron que sudar para sacar a quienes se aferraban a sus puestos de trabajo -en el sentido más literal de la expresión-, pero lograron dejar expedito el paso para que los dueños pudieran cerrar la nave, apuntillando a una empresa con carga de trabajo y oscureciendo el porvenir del centenar largo de personas que trabajan en ella.

Troquelería del Norte es una empresa que más allá de circunstancias coyunturales tiene recorrido, puede ser rentable e incluso es capaz de dar empleo a muchas más personas de las que actualmente componen su plantilla. Su delicada situación es consecuencia de la mala gestión de sus responsables, que la han conducido a un estado ruinoso y han dejado en el camino deudas millonarias con la administración pública. Los trabajadores de la planta han presentado un plan para reflotarla y crear puestos de trabajo, sin embargo, su propuesta no ha sido atendida, como tampoco la demanda que hicieron a Lakua para que impidiera el desalojo. Al contrario, el Ejecutivo autonómico envió a su Policía para sacar a quienes resistían en su interior.

Lo ocurrido en Troquenor, una más en el listado de empresas condenadas, es sintomático de lo que está ocurriendo en el ámbito económico, y también en el político-institucional, de este país. Los empresarios, responsables del declive de la planta aun siendo perceptores de jugosas ayudas, obtienen aval judicial y escolta policial para quedarse con la valiosa maquinaria industrial, mientras que los trabajadores, que llevan medio año sin cobrar y cuentan con ganas y proyecto para sacar adelante la factoría, son expulsados sin más amparo que su propia rabia y el calor solidario de quienes les acompañan. Es el paradigma de un modelo injusto, de un sistema que cuenta con la cobertura pretoriana de los mandatarios vizcainos y autonómicos.