Lakua pregunta al PSOE si quiere que los vascos paguemos de más
Más allá de disquisiciones técnicas y matizaciones, lo que evidenció el ataque del líder del PSC Pere Navarro al Concierto fue la acusación de que los vascos de las cuatro provincias del sur pagamos al Estado menos de lo que nos correspondería. Y esa idea quedó también flotando tras el intento de Alfredo Pérez Rubalcaba de cerrar la cuestión diferenciando Concierto y Cupo. Ayer Lakua puso la cuestión sobre la mesa.
I.I. |
El Gobierno de Lakua asegura estar «extremadamente preocupado» por los ataques que en los últimos días está recibiendo el Concierto Económico y no le ha tranquilizado la última declaración del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, le pidió que explique a la ciudadanía qué quiere decir cuando habla de revisar el Cupo, porque la sociedad vasca tiene derecho a saber si lo que se está planteando es en realidad «que los vascos paguemos más de lo que nos corresponde».
El primer secretario del PSC, Pere Navarro, abrió el pasado jueves la caja de los truenos al proponer que se aprovechara una reforma constitucional para eliminar el Concierto Económico y el Convenio de Nafarroa, que calificó como «privilegios». Aunque PSE y PSN respondieron desde el principio y el PSOE le desautorizó, la cuestión quedó en el alero político y otros barones del PSOE se mostraron comprensivos con la propuesta del catalán.
Tras la reunión habitual de los lunes de la dirección del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba comió con un grupo de destacados dirigentes, entre ellos Patxi López, e hizo público el apoyo del partido al Concierto y al Convenio, e incidió en que el Cupo es «revisable».
De hecho, el Cupo se negocia y fija por ley para periodos de cinco años. Pero, para muchos, las palabras de Rubalcaba dejaron flotando la idea de que la revisión que propone el PSOE va más allá de la discusión técnica entre dos gobiernos y que deja entrever la idea de que los vascos mantienen privilegios.
De ahí la reacción que ayer se produjo en el Gobierno de Lakua. Al mediodía, el portavoz del Ejecutivo ya dejó sobre la mesa la pregunta para que el PSOE ofrezca explicaciones. Por la tarde fue el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, quien aprovechó una entrega de premios para destacar la importancia del Concierto.
Cuestión bilateral
La negociación de la ley quinquenal del Cupo corresponde a los gobiernos de Madrid y de Lakua. Así se lo recordó ayer al PSOE Josu Erkoreka. Pero también insistió en ello el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, en un intento de sacar a su partido del centro de la polémica y que los medios se centren en las negociaciones intergubernamentales.
Pastor pide a Madrid y a Lakua que aclaren cuáles son sus respectivas posiciones en la negociación de la ley quinquenal que, por cierto, tendrían que haber cerrado en 2011 José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López.
La polémica sobre el Concierto Económico y el Cupo no llega en un momento cualquiera, sino cuando el Gobierno español y el autonómico mantienen «reuniones técnicas» -según definición del presidente del EBB, Andoni Ortuzar- para renegociar la ley quinquenal. La última aprobada fue la referida al periodo 2007-2011, y lo que rige en la actualidad es su prórroga.
La negociación no solo afecta a fijar los números para los próximos cinco años, sino que deben resolverse también las diferencias que hay entre ambos ejecutivos en la liquidación anual desde 2009. Según información oficial remitida por el Ejecutivo de Patxi López al Parlamento de Gasteiz hace ahora un año, según los cálculos del Departamento de Hacienda la discrepancia con el Estado en relación al Cupo ascendía a 511,1 millones de euros. De estos, 76,2 eran en materias educativas, 25,3 en dependencia, 152,6 en empleo, 3,7 se atribuían al capítulo de «otros» y 253,3 eran el índice de actualización. Tras los cambios habidos en algunos impuestos, el cálculo actual es que Madrid debería a Lakua unos 800 millones de euros.
En este contexto, el temor vasco es que la polémica refuerce las posiciones del Gobierno español y encarezca las negociaciones que están en marcha. I.I.
