Menos de tres semanas después de su formación, el Gobierno búlgaro apoyado por los socialistas ha decepcionado ya a la población, que reclama su dimisión, acercando al país a un nuevo período de inestabilidad. Desde el viernes, el estado más pobre de la UE es escenario de manifestaciones diarias que recuerdan las protestas del pasado invierno contra la pobreza y la corrupción que acabaron con el gobierno conservador de Boiko Bossirov.

Los manifestantes comenzaron denunciando el nombramiento del diputado Deylan Peevski al frente de la poderosa Agencia de Seguridad Nacional (DANS), ya que no posee ninguna experiencia en este campo y está ligado a un potente grupo de comunicación que pertenece a su familia. Peevski ha renunciado a su nombramiento.

Pero las manifestaciones continúan. Según la Policía, casi 7.000 personas marcharon ayer en Sofía contra el Gobierno por quinto día consecutivo. Nueve personas fueron arrestadas identificadas como potenciales «agitadores» según el Ministerio del Interior. Aunque las manifestaciones transcurrieron en calma, aumenta la preocupación después de que el lunes ocho personas resultaran heridas. Entre las reivindicaciones figura una reforma de la ley electoral que permita entrar en política a nuevas figuras y sustituir a una elite que la población considera corrupta y demasiado próxima a los negocios. El Partido Socialista recibió ayer en el Parlamento a 60 asociaciones para discutir una propuesta de ley en este sentido, mientras el partido conservador Gerb abandonó la Cámara hasta que se apruebe dicha reforma.