Pérez Díaz, encargado de iniciar las comparecencias ante la comisión permanente de seguimiento del Pacto de Toledo, negó que los miembros del comité sean «gentes apresuradas con conocimientos infusos», aunque admitió que la elaboración del informe se ha hecho de forma rápida y añadió que si no se han recogido fórmulas alternativas es porque nadie las ha planteado.

Pérez Díaz incidió en que el factor de revalorización anual (FRA) que detallan los expertos prevé subidas de la pensión cuando el crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social sea mayor al crecimiento del número de pensionistas.

En este sentido, subrayó que el informe aconseja la aplicación de una «cláusula suelo» con el fin de que se impida la caída nominal de las pensiones y que en el peor de los casos solo se congelen.

Además del FRA, los expertos han propuesto el factor de equidad internacional (FEI) para asegurar «el mismo monto de pensión a las cohortes con diferentes esperanzas de vida que se van sucediendo en el tiempo».

Pérez Díaz señaló que deben analizarse decisiones políticas como el uso del fondo de reserva o posibles cambios en el sistema de cotizaciones, asuntos sobre los que los expertos no han entrado.

Asimismo, recalcó que el factor de sostenibilidad ideado por los expertos «no debe generar alarma social», ya que pretende «todo lo contrario, que el sistema de pensiones quede garantizado a largo plazo».

Reacciones

Frente a esta opinión se manifestó la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición, que criticaron las prisas en la elaboración del informe y que, según indicaron, ha generado alarma social.

Isabel López i Chamosa, del PSOE, criticó la celeridad en la elaboración del informe y puso en duda la independencia del presidente del Comité por tener una relación con la patronal de seguros y participar en algún informe sobre pensiones.

Desde CiU, Carles Campuzano dijo que el Gobierno no debería haber metido presión al comité de expertos, porque, en su opinión, si el trabajo se hace con prisa puede abortarse.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, aseguró que el informe de los expertos es sólido, pero discutible, mientras Sabino Cuadra, de Amaiur, criticó la composición del «comité de expertos» por las vinculaciones directas de sus miembros con compañías de seguros y bancos, y aseguró que «es como poner a un zorro a cuidar del gallinero».

Tras denunciar que el conjunto de las pensiones se reducirá entre un 20 y un 25%, «a lo que habría que sumar la aplicación del factor de sostenibilidad», se preguntó si es lógico que «cuando la sostenibilidad afecta a la banca española se acuda a ella con cientos de miles de millones de euros, y cuando esto ocurre con las pensiones, se meta la mano en el bolsillo de nueve millones de pensionistas».

A su juicio, el objetivo de este informe es «abrir las puertas a las compañías de seguros y la banca para que entren a dentelladas en el sistema público de pensiones».