El Ministerio español de Industria decretará antes del 6 de julio el cierre de la central nuclear de Garoña. Se trata de una noticia positiva, insistentemente demandada por la ciudadanía alavesa y largamente esperada por el conjunto de la sociedad vasca, harta de tener unas instalaciones atómicas al lado de casa. Sin embargo, después de tantas decepciones este pueblo ha aprendido a compaginar la satisfacción con la cautela, sobre todo en un tema en el que tantos políticos han faltado tantas veces a su palabra. Por eso, aunque solo sea por instinto, muchos ciudadanos aguardan todavía a conocer el contenido de la letra pequeña de este anuncio.

Y es que el cierre se produce por la imposibilidad legal de atender a la petición cursada por Nuclenor de modificar el decreto de clausura para poder prorrogar la vida útil de la central. Ha sido una cuestión de plazos la que ha empujado al titular de Industria, José Manual Soria, ferviente defensor de la continuidad de Garoña, a atenerse al guión prefijado. De hecho, hace menos de un mes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se inclinó por conceder un nuevo plazo, en una votación sobre la que no faltaron denuncias de presiones por parte del Ejecutivo. Este hecho, así como las palabras escogidas ayer por el ministro tanto por la mañana como por la tarde, o el hecho de que Nuclenor haya dicho a sus trabajadores que hay una «oportunidad» de que la planta siga abierta más allá del 6 de julio hacen temer que se produzca alguna maniobra. El Gobierno de Lakua y Amaiur expusieron su temor al respecto al pedir aclaraciones sobre si se trata o no de un cierre definitivo.

Esta lógica desconfianza, en cualquier caso, no impide valorar el alcance de la noticia. La actividad de Garoña ha mantenido -aun mantiene- a este país en una situación de emergencia medioambiental, amenazando incluso su propia pervivencia. Ha sido una suerte de Espada de Damocles que ha pendido durante décadas sobre nuestras cabezas. De modo que el cierre constituye un alivio, que será definitivo cuando empiecen las tareas de desmantelamiento de la central, cuyo coste, por supuesto, deberá asumir la empresa propietaria.