El futuro de Garoña depende de una nueva orden ministerial. Otro mandato legal, que se suma a los emitidos con anterioridad en 2012 y en 2009, y que deberá ratificar el cierre definitivo de la central nuclear. Al menos así lo anunció ayer el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Congreso español, donde aludió a razones económicas tras el cese de explotación de la central nuclear más antigua del Estado español.

Según explicó el ministro del PP, la decisión de cerrar la planta se ha tomado tras desestimar la última petición de Nuclenor, la empresa propietaria de la planta nuclear, que el pasado mes de mayo solicitó una prórroga de un año al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta petición, que tenía por objeto mantener abierta la planta sin operar durante los próximos doce meses, fue ratificada con posterioridad por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que dejó la pelota por enésima vez en el tejado del Gobierno español.

Ayer, en respuesta a una pregunta formulada por Pedro Azpiazu (PNV) primero y de Maite Aristegi (Amaiur) después, el ministro rompió el silencio del Ejecutivo y señaló que la petición formulada el pasado mes de mayo por Nuclenor -sociedad mercantil participada al 50% por Endesa e Iberdrola- «no ha podido ser concedida por el Ministerio por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento administrativo».

Ante esta situación, el titular de Industria, Energía y Turismo anunció que, conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y con anterioridad al 6 de julio -fecha en la que expira el permiso de explotación de la planta-, el Consejo de Ministros deberá aprobar una nueva orden ministerial, destinada a declarar el cese definitivo de Garoña. En ella se incluirá la remisión de un expediente para alegaciones a la CAV, a La Rioja y a Castilla y León.

Soria matiza sus palabras

Sin embargo, estas palabras, que presagian el fin de la amenaza nuclear en la zona, quedaron ensombrecidas por la ambigüedad posterior del ministro, que tras anunciar el cese definitivo se matizó a sí mismo, dejando un resquicio para la duda y cerrando en falso el último capítulo de la central burgalesa.

En concreto, Soria avanzó que su ministerio «está analizando la situación con los aspectos relacionados con la regulación de su cese de explotación definitivo -en alusión al cierre de la central-, ya que este no se produce por razones relacionadas con la seguridad nuclear, sino que se basa única y exclusivamente en razones económicas». Cabe destacar que el ministro no dio más detalles del citado análisis, ni explicó los pasos que deberá dar la empresa antes de comenzar con el desmantelamiento de la central.

Es más, lejos de citar las futuras obligaciones de Nuclenor, Soria, que ha defendido en diferentes ocasiones la continuidad de la planta burgalesa, advirtió que, teniendo en cuenta la precaria situación económica del Estado español y la supuesta dependencia energética del mismo, «no se puede ni se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas existentes». Fuentes entre las que figura Garoña, conocida también como «la central de las mil grietas».

A la matización de Soria se suma la posición defendida por Nuclenor, que ha comunicado a sus trabajadores que hay «oportunidades» de que la infraestructura, parada desde el pasado mes de diciembre, continúe abierta. No obstante, tal como reconoce a la vez la sociedad mercantil, no hay «garantías» de que esto vaya a ser así.

En declaraciones a la agencia Efe, el presidente del comité de empresa, Alberto César González, señaló que los directivos de la planta han pedido a los trabajadores «paciencia» hasta que se resuelva esta situación. «El ministro sigue hablando de cese definitivo, pero lo matiza de tal manera que los que no somos políticos no entendemos el jeroglífico», criticó el empleado.

El debate impositivo

Las «oportunidades» advertidas por Nuclenor pasan por una negociación fiscal con Madrid, que el pasado mes de diciembre puso en marcha una nueva reforma energética. Dicha reforma, conocida como el «impuestazo», supondría un elevado coste para la mercantil, que debería pagar 7,4 millones de euros al aplicar una tasa del 7% a la generación de energía, 153 millones más por extraer el combustible nuclear del interior del núcleo, y 400.000 euros por el impuesto sobre residuos de baja y media actividad.

En total, Endesa e Iberdrola deberían abonar al Gobierno español 169 millones de euros, cantidad que, según afirman los opositores a la planta, supera con creces los ingresos previstos por la venta de energía. Sin olvidar que a ella se le debe sumar una inversión de 100 millones de euros para solventar los problemas de seguridad de la planta burgalesa, gemela de Fukushima.

Cabe recordar que a finales de mayo Soria abrió la puerta a que el Ministerio de Hacienda pueda «interpretar» las tasas de la reforma energética. Entonces el ministro cedió ante las peticiones de la empresa, y ahora parece que vuelve a presionar a la eléctrica.