Entre los abogados de Nafarroa se está moviendo un manifiesto de apoyo a la labor que está desarrollando la jueza María Paz Benito en la instrucción del «caso caja Navarra». En ese escrito, denuncian que la juez está siendo víctima de presiones de las altas esferas, reclaman la independencia judicial y muestran su «total apoyo» a Benito.

En particular, los abogados apuntan, sin citarle, al abogado de Miguel Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, como una de las personas que intentan minar la independencia de la magistrada. Yolanda Barcina también eligió a Erenchun como su abogado cuando denunció a Kontuz por «denuncia falsa e injurias» por las afirmaciones que realizó esta asociación en torno a Navarra Building (la sociedad a través de la cual Barcina compró oficinas de CAN y luego se las alquiló a la entidad). Una denuncia fue archivada por la Fiscalía.

Erenchun -uno de los abogados de mayor fama de Nafarroa y, además, marido de la consejera de Sanidad, Marta Vera- declaró a un medio de comunicación que pensaba aconsejar a Barcina que emprendiera acciones legales contra la jueza que instruye el «caso CAN». En concreto, Erenchun aseguraba que Benito había cometido «fraude procesal» para investigar las dietas. Estas declaraciones las realizó nada más conocerse que la juez pretende enviar la causa al Supremo para que Barcina sea imputada.

«Todos hemos tenido asuntos en los que hemos discrepado de los criterios jurídicos que los jueces nos han aplicado. Si hemos podido, hemos recurrido y, finalmente, hemos acatado lo que se nos ha dictaminado aunque no nos haya convencido. Pero lo que no hemos hecho es iniciar acciones directas y perso- nales contra los jueces, ni siquiera cuando sus decisiones han sido revocadas por ser incorrectas», asegura el manifiesto.

«Una de las tácticas más frecuentemente utilizada en casos relacionados con la clase política es la presión personal contra los jueces. Lejos de avergonzarse de sus conductas, cuando menos moralmente reprobables, y pedir las correspondientes disculpas, reaccionan con arrogancia, poniendo, además, a estos jueces en su punto de mira, convirtiéndoles de investigadores en investigados y, por desgracia, con éxito. Esto es lo que queremos evitar en el presente caso», continúa el texto.

El manifiesto está únicamente dirigido a letrados del Colegio de Abogados de Iruñea y, al parecer, está recabando un gran número de adhesiones, según ha podido saber este periódico. Además de denunciar estas presiones, los abogados que impulsan esta carta alaban a la juez instructora. Aseguran que la investigación que está desarrollando sobre Caja Navarra «está siendo impecable». Recuerdan, además, que el propio presidente del TSJN describió una de las resoluciones de la juez como «razonada de manera exhaustiva» y «muy motivada».

Antes de que llegara a sus manos la denuncia de Kontuz, la capacidad de Benito no tenía contestación. Su currículum es uno (cuando no el más) brillante de cuantos jueces ejercen en Iruñea. Por este motivo fue elegida como juez decana por sus propios compañeros a pesar de su juventud y de ser mujer.

Sin embargo, las zancadillas que está recibiendo durante esta instrucción están haciendo su efecto. Los trabajadores del Palacio de Justicia de Nafarroa comentan que ha sufrido un severo desgaste físico y que, pese a su delgadez, ha perdido peso. Achacan esto a las presiones que está sufriendo, dentro y fuera de la órbita judicial, ya que el castigo mediático que padece por parte de ciertos medios es más que obvio. Incluso se han escrito editoriales para cuestionar sus resoluciones.

Sin embargo, hasta ahora, la juez ha plantado cara a todos estos contratiempos. En particular, ha tenido que enfrentarse a la Fiscalía que, durante todo el procedimiento, no ha solicitado la práctica de una sola prueba. Su primera actuación relevante fue posicionarse en favor de que se levantara la imputación al alcalde de Iruñea, Enrique Maya. Adoptó esta postura sosteniendo que las actas de la Permanente validaban los cobros, a pesar a que esas actas estaban ya sometidas a una investigación policial para evaluar su eventual falsedad. Cuando la jueza decidió remitir toda la causa al Supremo para que Barcina pudiera ser imputada, Benito tuvo que refutar las tesis de la Fiscalía y enfrentarse a ella.

También es un comentario extendido dentro del mundo judicial el enorme interés que demuestra por el caso el exfiscal jefe de Nafarroa Javier Muñoz, que dejó el cargo el pasado año y tiene una enorme influencia. Corre el rumor de que Barcina puede elegirle como defensor. Muñoz vive en Andalucía, pero estuvo en Iruñea todos los días de interrogatorios.

El trayecto de Benito con el caso CAN está a punto de terminar, aunque las dos acusaciones (Kontuz y UPyD) le solicitaron en sus alegaciones que aguantara un poco más. El auto en el que propuso que Barcina debe ser imputada era esperable, pero sorprendió por dictarse demasiado pronto. Había dos pruebas muy importantes cuyos resultados todavía no habían llegado. La falta de esas pruebas (análisis de algunos créditos y fechar la creación de las actas de la Permanente) ha servido para espolear a sus críticos.

También sonó extraño que diese a las partes tan solo dos días para presentar sus alegaciones. Parecía un tanto precipitado. Por contra, todo apuntaba a que la resolución final -con la que se quitaría el caso y la presión de encima- se conocería la semana pasada. Pero sigue sin llegar. La carta de los abogados puede explicar, en parte, el porqué de las prisas y las tardanzas.