Los sindicatos y agentes sociales participantes en la elaboración de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria buscan trasladar también al ámbito social y económico el «muro popular» construido durante los últimos meses en Euskal Herria. El grupo motor en la composición de la carta se presentó ayer en Donostia tras haber sido refrendado en la segunda asamblea que esta dinámica celebró el pasado viernes en Altsasu.

Lo integrarán doce personas de diferentes ámbitos que integran la asamblea de movimientos sociales y sindicales, tres personas por cada territorio de Hego Euskal Herria, ya que el componente de Iparralde está aún por decidir.

Así, formarán el grupo Nekane Jurado, Ainhoa Vilaverde, Iñigo Antepara, Joana Aurrekoetxea, Mila Elorza, Edurne Larrañaga, Mikel Noval, Cony Carranza, Ana Pérez, Xabier Barber e Iñaki Moreno (falta por determinar un integrante de Nafarroa).

Los promotores explicaron que su finalidad es «abrir el proceso de debate y de implicación social y sindical que nos lleve el próximo otoño a la redacción definitiva de una propuesta de carta social que recoja el sentir y el interés mayoritario de cuantas personas vivimos en Euskal Herria». Así pues, durante los próximos meses elaborarán un borrador que compartirán tras el verano con la sociedad a fin de recabar aportaciones para su composición definitiva.

Toque de atención a gobiernos

La defensa de un modelo participativo ante el funcionamiento de los gobiernos de Iruñea y Gasteiz cobró protagonismo en la presentación. Remarcaron que «es el poder económico quien decide las políticas públicas», lo que, a su juicio, aboca a una «injusta distribución de la riqueza». A su vez, los derechos sociales y los servicios públicos «pierden su carácter universal» para ser «atendidos en función de las disponibilidades presupuestarias».

A su juicio, «los gobiernos neoliberales de Euskal Herria» han realizado políticas de recorte «alegando decisiones ajenas» y apuntan que «el resultado no puede ser más desastroso: incremento exponencial del desempleo, exclusión social, pérdida de los servicios públicos...».

Aseguran que hay otra manera de hacer las cosas, para lo que ven imprescindible cambiar las prioridades de la acción política e institucional para «poner a las personas y sus intereses por encima de los intereses del mercado», una tarea cuyo cumplimiento trasladarán a las instituciones.