El alcalde de Urduña, Carlos Arranz, anunció ayer que el Consistorio dejará de abonar los créditos suscritos con Kutxabank, priorizando el pago de los salarios a los trabajadores municipales y a proveedores necesarios para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos.

El Ayuntamiento ha tomado esta decisión después de comprobar que ya no puede hacer frente a todas las obligaciones derivadas de la deuda de 5,4 millones de euros que soporta y que, además, la Diputación vizcaina no haya respondido al último plan económico que le presentaron. Desde la institución foral no se quiso valorar el nuevo emplazamiento efectuado por el primer edil.

Arranz aclaró que la decisión adoptada -el miércoles vencía una letra de un crédito hipotecario de 8.000 euros y no se renovó otra línea de crédito por 200.000 euros- «no es una reacción ni un acto precipitado» pues no les queda «otra salida si se quiere garantizar los servicios a los que los vecinos tienen derecho».

Con el paso dado, Urduña pasa de incumplir una ley a desobedecerla abiertamente, al no priorizar el pago de la deuda pública sobre el resto de obligaciones. La carga financiera anual que soportan asciende a 500.000 euros, de los que alrededor de 200.000 corresponden a los intereses.

«Estas son las primeras medidas que vamos a adoptar», apuntó el alcalde, al tiempo que emplazó a la Diputación a una «implicación real» en un problema heredado de años de gestión del PNV. Además, el Consistorio trabajará para que Kutxabank -con la que se tiene comprometido el 90% de la deuda- no aplique la «letra pequeña» de los créditos para evitar poner en «jaque» a esa administración local.

«Hemos intentado buscar alternativas a esta situación -precisó Arranz-, pero llega un momento en que pagas una cosa o pagas la otra». El primer edil insistió en que «es una cuestión de números y ahora ha llegado el momento, en junio de 2013».

Respecto a una posible intervención foral, el juntero de Bildu Joseba Gezuraga indicó que «hasta el momento la Diputación siempre ha expresado que no era su voluntad intervenir en ninguno de los ayuntamientos». Ayer, esa institución no opinó.