Doce meses después de que el Tribunal Constitucional español dictaminará su legalidad y cuatro meses después de su constitución, Sortu hizo balance ayer y se fijó un claro objetivo: «Impulsar el nuevo tiempo que se vive en Euskal Herria». Una meta ambiciosa hacia la que esperan avanzar junto a quienes han trabajado por la independencia y el socialismo durante las últimas cinco décadas.

En una rueda de prensa ofrecida ayer en Donostia, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, destacó la labor de estas personas y propuso utilizar «todo ese caudal de lucha popular» para crear un nuevo modelo de hacer política. A este respecto, enumeró los retos de la formación de cara a los próximos meses. Entre los mismos, subrayó la articulación de una mayoría social soberanista que aspire a cambiar el modelo económico y social vigente en este país.

«Es el momento de empezar a pensar como un pueblo, y de responder como un pueblo a las agresiones de los estados. Pero como pueblo también tenemos que comenzar a construir alternativas, tanto para la resolución del conflicto, como para propiciar una transformación social», destacó Arraiz, que aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar que Sortu se comprometerá a «facilitar acuerdos amplios, auténticos acuerdos de país entre vascos y vascas, para que más pronto que tarde podamos decidir nuestro futuro en un escenario de normalidad democrática. En un escenario de paz y libertad».

Una victoria social

En alusión a la legalización, y al período transcurrido desde entonces, el dirigente abertzale señaló que «la legalización de Sortu fue una victoria de una amplia mayoría social vasca». Ve ensombrecido todo ello por la actitud del Gobierno español, que no ha cejado en su empeño de buscar excusas para seguir amenazando con una nueva ilegalización. «Lo acontecido en estos doce meses no hace sino confirmar que, entonces y ahora, el Estado mantiene posiciones de bloqueo incluso de abierta involución», añadió.

Cabe recordar que la legalización de Sortu, aprobada por el Tribunal Constitucional el 20 de junio de 2012, dieciséis meses después de que Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin presentaran sus principios ideológicos y estatutarios en el Palacio Euskalduna de Bilbo, puso punto final a una década de prohibición de partidos abertzales. En su fallo, el TC afirmó que el Tribunal Supremo había «vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos».