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Las Juntas de Bizkaia apoyan a los trabajadores de Incoesa y Alfus FCC

Todos los grupos de las Juntas Generales de Bizkaia apoyaron ayer una declaración institucional a favor de los trabajadores de Incoesa y de Alfus FCC Ámbito. Los empleados inician hoy por la mañana una marcha a pie hasta el Parlamento de Gasteiz. Los comités de ambas empresas valoraron de forma positiva el apoyo político recabado ayer, pero les pidieron que «de verdad tomen cartas en el asunto y cumplan lo acordado en el pleno de Gernika».

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Juanjo BASTERRA | BILBO

Los trabajadores de Incoesa y Alfus FCC Ámbito, de Bedia, inician hoy una marcha a pie hasta el Parlamento de Gasteiz. Llegarán el jueves, aunque mañana representantes de los trabajadores informarán a la Comisión parlamentaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la situación de la destrucción de empleo y tejido industrial en esa zona.

Las Juntas Generales de Bizkaia acordaron ayer una declaración institucional por unanimidad en apoyo a los trabajadores, que se concentraron ante las puertas de la Casa de Juntas de Gernika. Estos les recordaron que «valoramos positivamente esa declaración», pero les advirtieron de que «de verdad tienen que tomar cartas en el asunto y cumplir lo acordado».

Vigilancia y control

Los políticos de la Cámara normativa vizcaina se solidarizaron con los trabajadores y mostraron su apoyo «la defensa de sus puestos de trabajo y en la expectativa de continuidad de actividad en Bedia». También apoyaron las movilizaciones realizadas hasta el momento y aseguraron que darán traslado de esta declaración a las direcciones de Alfus FCC Ámbito e Incoesa.

Por unanimidad, los grupos políticos se comprometieron a realizar «cuantas gestiones consideren oportunas de mediación e interpelación» con el fin de que ambas empresas inicien «una verdadera negociación con los trabajadores que garanticen la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo».

Al mismo tiempo, instaron al Departamento foral de Promoción Económica «a revisar cuantos acuerdos contractuales o relación económica a modo de ayuda o subvención se mantenga con las empresas ante la amenaza de deslocalización y destrucción de empleo que a día de hoy se plantea».

ELA denuncia que cierran el grifo a Mendiguren y Zarraua

ELA criticó ayer que Mendiguren y Zarraua (MYZ), «con cartera de clientes, se ha visto abocada a plantear su liquidación». Cuenta con 250 trabajadores en sus plantas de Berriz y Abadiño, pero «las entidades financieras han negado la liquidez mínima necesaria para continuar con el proyecto industrial». La central sindical reconoce que «es cierto que la gestión de la dirección ha sido deficiente», pero cree que es «una empresa con futuro» y admite que «estamos a tiempo de evitar su liquidación».

El sindicato explicó que este caso no es aislado. «Las entidades financieras que están recibiendo ingentes cantidades de dinero público, están ahogando el tejido productivo. Las entidades financieras que quieren abocar al desempleo a 250 familias son en este caso: BBVA, Kutxabank, Santander, Bankinter y Caja Laboral, entre otras». ELA afirma que estas entidades financieras son «un auténtico problema para esta sociedad, ya que están siendo el principal factor de empobrecimiento de la sociedad de Euskal Herria». Anunció ayer que «va a señalar directamente a quienes están ahogando a la industria vasca» y se preguntó que hacen los gobiernos y los empresarios ante «este grave problema». J.B.

Gerdau Basauri seguirá en huelga hasta el 7 de julio

El sindicato ELA anunció ayer que el pasado viernes los trabajadores de Gerdau Basauri decidieron por amplia mayoría iniciar un periodo de huelga de 15 días continuados. Desde el 21 de junio hasta el 7 de julio en protesta por las pretensiones de la compañía de aumentar la jornada y reducir los salarios de los trabajadores y por la consecución de un convenio digno.

Lamentó que la dirección de Gerdau ha creado «una negociación difícil y confusa» con tres mesas negociadoras distintas y con planteamientos diferentes en cada una. En una pide 10 días de aumento de jornada y en otra pide 14 días; reducción salarial del 12% en una, 8% de sueldo variable en otra. «Con esta posición pretende chantajear, haciendo inviable cualquier tipo de avance en la negociación», dijo la central.

«Queremos denunciar esta situación, en la cual se pretende condenar a los trabajadores a aceptar malas condiciones -dice ELA- a cambio de no imponer otras peores. Es inadmisible para la plantilla, que demuestra con su lucha que no esta dispuesta a aceptar chantaje alguno». Pide a los gobiernos y administraciones que «denuncien el chantaje empresarial». J.B.

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