Las detenciones de Beñat Atorrasagasti y Jokin Aranalde, interlocutor del Colectivo de Exiliados Políticos Vascos, se han producido una semana después de la petición del delegado español en la CAV, Carlos Urquijo, de que el acto del sábado 15 de junio en Biarritz tuviera «consecuencias» y después del señalamiento de Aranalde por parte de los sectores más reaccionarios españoles. Esa actitud en la dirección de las presiones de esos sectores, precisamente contra quienes acaban de presentar su aportación al proceso de soluciones dispuestos a dar los pasos precisos, demuestra la ceguera de los gobiernos español y francés, producto del pánico que les produce la confrontación exclusivamente política. Sin embargo, no solo actúan contra un colectivo que acaba de hacer una propuesta en clave de resolución, sino contra la mayoría social y política de este país, a ambos lados del Bidasoa. Una mayoría que se pudo visualizar precisamente en el acto de Biarritz tanto por la masiva asistencia a ese acto como por la diversa procedencia de los representantes políticos y sindicales allí presentes, que observan cómo esos gobiernos perciben una aportación a la paz como un desafío.