El acto celebrado por el Colectivo de Exiliados Políticos Vascos (EIPK) el sábado 15 en la Halle de Irati de Biarritz, con la asistencia de 4.500 personas, ya tiene la «consecuencia» y la «merecida respuesta» de las que habló el Gobierno español en los días siguientes. De forma pública, primero fue el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, y luego el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, quienes se dirigieron a París para reclamarles inequívocamente alguna detención.

Nueve días después, ayer se produjo el arresto de dos ciudadanos vascos que hacen vida normal y pública en Lapurdi. Uno de ellos había sido «marcado» ya de modo relevante en diversos medios españoles. Se trata de Jokin Aranalde, de Ibarra, detenido en 2002 por la Guardia Civil en una redada en la que se denunciaron gravísimas torturas y exiliado posteriormente. El otro es Beñat Atorrasagasti, que el pasado mes de febrero quedó en libertad condicional tras condenársele a tres años de cárcel. Antes había sido extraditado al Estado francés desde Edimburgo (Escocia), donde fue detenido en junio de 2012.

Las FSE afirman ahora que, al margen de este caso juzgado, el vecino de Lesaka tiene pendiente otra euroorden que habría sido emitida en julio de 2012 por la Audiencia Nacional, y que es la que sustenta esta detención. Se le achacaría en ella haber realizado informes sobre concejales navarros. En cuanto a Aranalde, se reitera la acusación de 2002 y se añade que mientras ha permanecido exiliado captó a dos personas para ETA.

Se da la circunstancia de que el vecino de Ibarra es uno de los miembros de la interlocución de EIPK, que valora mañana este ataque en rueda de prensa.

París ha decidido así acceder a la demanda represiva española, lo que no oculta que en ese acto de Biarritz en el que EIPK hizo pública su hoja de ruta se registró la presencia de importantes dirigentes políticos franceses, como el centrista Didier Borotra -alcalde biarrota- o la senadora del PS Frédérique Espagnac.

En Heleta y Urruña

Los arrestos fueron efectuados a mediodía de ayer en Heleta, en el caso de Aranalde, y Urruña, en el de Atorrasagasti. Se encargó de ello la Gendarmería, en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía española.

Hubo protestas ayer tarde en varias localidades de Lapurdi, así como en Ibarra, donde tuvo lugar una asamblea informativa para valorar la situación de su convecino Jokin Aranalde y expresarle su solidaridad.

Desde Madrid, la AVT se mostró feliz por esta operación: «Sin duda alguna, es el camino necesario para que las víctimas del terrorismo sientan cómo se hace justicia, viendo cómo los terroristas son detenidos y conducidos hasta dependencias policiales para responder por sus delitos».

Sin embargo, en Euskal Herria tanto EHBai como Sortu mostraron su disconformidad. La coalición de Ipar Euskal Herria recuerda que felicitó a EIPK por la aportación hecha en Biarritz en la medida en que mostraba un compromiso con la resolución del conflicto. Por ello, subraya que las detenciones «no van en buena dirección» y emplaza a los dos estados a «acabar con la represión y abrir la vía del diálogo».

En cuanto a Sortu, su portavoz Pernando Barrena hizo hincapié en que «el Gobierno francés da respuesta lamentable a la voluntad mostrada por el Colectivo de Exiliados».

No obstante, Sortu vaticina que quienes se empeñen en la vía policial «se encontrarán frente a frente» con una mayoría popular dispuesta a llevar el proceso de soluciones hasta el final. En este sentido, Barrena propone «acuerdos entre diferentes para romper el bloqueo al que quieren condenar el proceso de paz». Y anima a los agentes vascos a «situar a los enemigos de la paz frente a sus responsabilidades y hacer que su lamentable posición antisocial sea sencillamente insoportable a los ojos de la sociedad vasca».