Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru y CNT y más de medio centenar de colectivos sociales anunciaron ayer en Bilbo que se movilizarán el próximo 9 de julio en Gasteiz, Bilbo y Donostia y a final de julio en Iruñea en contra de las nuevas modificaciones de las pensiones en base al factor de sostenibilidad.

Las centrales sindicales y los colectivos sociales demandaron «con urgencia» hacer frente «a estos ataques» y «avanzar en la conformación de la alternativa social que necesita nuestro país». En un comunicado aseguran que «es preciso cambiar las reglas de juego: tenemos que poner en el centro de la agenda la necesidad de construir Euskal Herria sobre unas bases sociales que garanticen la igualdad, la justicia social y la dignidad».

Para sindicatos y organizaciones sociales, todo eso pasa «por disponer, en este caso, de un sistema público vasco de pensiones que garantice los derechos sociales». En este sentido, añadieron que «debe responder a los intereses de la mayoría social». En nombre de LAB, la secretaria de Políticas Sociales, Bea Martxueta, denunció que el factor de sostenibilidad que ha fijado el comité de expertos es «una nueva agresión» y, ante esta situación, adelantó que «debemos reivindicar con urgencia un sistema público vasco», porque estas modificaciones «conllevan el saqueo del sistema público de pensiones y es un regalo a la banca».

Porque, como indicó Martxueta, «se priman los planes privados de pensiones. Han comprobado que las aportaciones al sistema privado tienen cuotas bajas y, por lo tanto, han decidido endurecer el acceso y las cuantías de las pensiones para obligar a la población a dar ese paso hacia el sector privado. Ya lo hicieron con el boom inmobiliario, que animaron a comprar viviendas y así estamos. Con las pensiones toman el mismo camino».

La representante de LAB recordó que con la reforma de Rodríguez Zapatero en 2011, con el apoyo de CCOO y UGT, ya se preveía a partir del 2027 la reducción de las pensiones en un 21% y una bajada del gasto del 3% del PIB. «Quieren más, lo que llevará a la clase trabajadora a empobrecerse. En vez de potenciar el empleo de calidad, una fiscalidad justa y progresiva, ahondan en los recortes a quienes menos tienen».

Mikel Noval, responsable de Política Social de ELA, afirmó que el nuevo recorte resulta «inaceptable» ya que plantea la pérdida de poder adquisitivo para las pensiones, con subidas de la cuantía por debajo de la carestía de la vida.

El representante de ELA explicó que para el futuro próximo se establecen «pensiones más bajas que las actuales, aunque se haya cotizado el mismo número de años». Para él, el informe de los expertos «dar cobertura a un recorte ya decidido. No se trata de un debate técnico sobre las pensiones, ni de decidir qué cuantía garantiza llevar una vida digna», lamentó el responsable sindical.