El martes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, solicitó al Congreso que convoque un plebiscito para promover una reforma política. En concreto, ha propuesto que los brasileños definan si acaban con el voto secreto en el Parlamento -autorizado para la destitución de legisladores- y con la elección de suplentes de senador, y establezcan las reglas para las coaliciones electorales entre los partidos políticos y la vía de finan- ciación de las campañas -pública, privada o mixta, como ocurre actualmente-.

Ha abogado también por lograr un pacto con gobernadores y alcaldes para mejorar la calidad de la salud, la educación y el transporte público.

Pese a estas promesas, camioneros seguían bloqueando ayer una treintena de carreteras en al menos diez estados para exigir la eliminación de los peajes para los camioneros, subsidios para el combustible diesel, una fiscalización mayor de los conductores que trabajan sin las debidas licencias e inversiones en las carreteras.

La oposición ha expresado ya su rechazo a un plebiscito, criticando a Rousseff por no explicarle previamente sus planes. El rotativo «O Globo de Rio de Janeiro» reclamó en su editorial del martes «acciones objetivas en vez de una incierta y eterna reforma política», mientras que «O Estado de Sao Paulo» acusó a la presidenta de «no estar a la altura del cargo».

En opinión de Valter Pomar, miembro de la dirección nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), estas protestas son positivas en el sentido de que suponen una llamada de atención al Gobierno para que haga «más y con mayor rapidez» y son un recordatorio de que «la derecha sigue viva».

¿Cómo interpreta la actual ola de protestas?

Son olas distintas. Hay una primera, por menores tarifas del transporte público. Otra segunda contra la represión que hubo contra la primera ola. Y una tercera en la que sectores de capas medias altas y de derecha intentan apoderarse de las manifestaciones. Y hay una cuarta ola, de manifestaciones menores, por temas diversos.

¿Se veían venir en cierta forma?

No son un rayo en cielo azul.

¿Qué factores han permitido que un abanico tan amplio de reivindicaciones se unan en marchas multitudinarias?

Depende. En la primera ola, el malestar de la juventud con las condiciones de vida en las grandes ciudades, y en particular con la baja calidad y alto precio del transporte. En la segunda ola, la solidaridad democrática contra la represión practicada por las policías militares, que en Brasil son controladas por los gobernadores provinciales, en general de centro-derecha. En la tercera ola, el estímulo de los medios de comunicación, que han intentado poner a los los manifestantes en contra de la izquierda, del PT y del Gobierno de Dilma Rousseff.

¿Cómo valora la respuesta de la Policía y las muertes que ha habido en estas protestas?

Las policías militares son una herencia de la dictadura militar (1964-1985), están controladas por los gobernadores de las provincias, en general en manos de sectores de centro-derecha. Se comportan de manera desastrosa y brutal. Por otra parte, hay sospechas de que estimularon o adoptaron una actitud complaciente con actos de vandalismo.

¿Hasta qué punto estas protestas pueden hacer peligrar el Gobierno de Rousseff y su futuro político? ¿Quién sale beneficiado con estas movilizaciones?

Estas manifestaciones son, en general, positivas para el país, para el Gobierno y para la izquierda. Necesitamos de más lucha social para que el país siga cambiando. Son una señal de alarma de que nuestro Gobierno tiene que hacer más y con mayor rapidez. Demuestran que la derecha sigue viva, que es peligrosa y que quiere disputarnos la calle. Precisamente, ocurren un año y tres meses antes de las elecciones, lo que nos da tiempo suficiente para hacer las correcciones necesarias.

¿Por qué la oposición se niega a una Asamblea Constituyente?

Por que ellos no tienen compromiso con lo que la calle demanda: más políticas sociales y más democracia.

¿Qué supone el plebiscito que acaba de plantear al Congreso brasileño la presidenta?

Convocar el pueblo para que decida cuáles son los términos de la reforma política que el país exige.