Los trabajadores de los servicios sociales consideran que la decisión del alcalde, Javier Maroto, de reducir vía decreto la jornada a seis personas ha sido «la gota que ha colmado el vaso», tras el despido en diciembre de 2011 de 17 administrativos y de otros 5 empleados en junio del año pasado, han recordado.

En una nota, los trabajadores también denuncian la falta de sustituciones y la «inestabilidad en los contratos de programa», al tiempo que las cargas de trabajo han aumentado «de forma considerable» debido a una mayor demanda ciudadana, con lo que «la atención que se presta no puede ser óptima ni de calidad».

Por todo ello, iniciarán una huelga indefinida a partir de este lunes para reclamar al alcalde que no reduzca los horarios, que consolide los contratos de programa, que autorice las sustituciones y que se haga un estudio sobre las cargas de trabajo para determinar las necesidades de personal.

Por su parte, el grupo municipal de EH Bildu informó ayer de que un informe de la jefatura y equipo técnico de los Servicios Sociales de Base «prueba» que los «recortes laborales de PP y PNV» están destruyendo la cobertura social de Gasteiz. Por este motivo y «ante la gravedad de las conclusiones», EH Bildu registró la solicitud de comparecencia «extraordinaria y urgente» de la concejala de Políticas Sociales, Ainhoa Domaica, para que dé explicaciones sobre el documento.

Alerta en todo el herrilade

Mientras los trabajadores sociales del Ayuntamiento anunciaban la huelga, los empleados de intervnción social de todo Araba advirtieron de los riesgos laborales que están sufriendo en materia de seguridad y salud como consecuencia de los recortes de gastos y privatizaciones que se producen en el sector.

Representantes sindicales de ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT se concentraron para denunciar los «riesgos psicosociales» en algunos servicios del sector, entre ellos, casos de violencia verbal o física. Las centrales exigieron a todas las administraciones públicas que adjudican a entidades privadas servicios del ámbito de la Intervención Social que adecúen los medios a las necesidades reales.

Además, ante «el incumplimiento de la Ley» de Salud Laboral, reclamaron al Instituto Vasco de Seguridad Laboral -Osalan y a la Inspección de Trabajo que actúen ante todas las denuncias de agresiones, amenazas y conflictos.