El Ministerio del Interior español contrató a Emilio Hellín, asesino de Yolanda González, en 15 ocasiones entre 2006 y 2011. Así lo reconoció ayer Javier Conde, jefe de Gabinete del ministro Jorge Fernández Díaz, durante una reunión mantenida con los allegados de la joven asesinada por ultraderechistas en 1980. Pese a ello, Interior mantiene que no hubo «trato de favor» ni de amistad con su antiguo asesor. De hecho, insiste en que «nadie» conocía la verdadera identidad de Hellín (que tras salir de prisión cambió su nombre por el de Luis Enrique). El departamento que dirige Fernández Díaz se comprometió con la familia de la víctima a impedir que vuelva a ser contratado por cualquier administración pública y a aclarar algunas de las preguntas que todavía quedan pendientes. «Se ha cumplido con una parte de nuestras demandas», indicó Asier González, que valoró la comunicación abierta.

Todavía hay puntos negros. Entre ellos, las dudas existentes hacia una de las empresas que prestó servicios a Interior o si Hellín llegó a cumplir toda su responsabilidad penal y civil por la muerte de la joven, asesinada en 1980 por varios ultraderechistas entre los que se encontraba el propio Hellín. Según la versión de Interior, se firmaron 15 contratos de asesoramiento, formación y venta de material informático con tres instancias de la Guardia Civil. Por ellos llegó a cobrar 140.000 euros. Estos acuerdos fueron suscritos con tres empresas: New Computer Store, New Technology Forensis y New Technology.

Empresa no registrada

El problema es que, según denuncian los allegados de González, esta última compañía no figura en ningún registro mercantil. Así se lo transmitieron ayer a los representantes de Interior, que se comprometieron a investigarlo. Ante el desconocimiento de estos hechos, González consideró que «han dado información exhaustiva, pero la investigación no puede ser tan rigurosa».

Según relató el hermano de la víctima, Interior niega el trato de favor, pese a que el propio hermano de Hellín fue guardia civil hasta 2004, cuando deja el instituto armado para trabajar en las empresas privadas que luego serían requeridas por ese mismo cuerpo. No obstante, las pesquisas se han centrado en la «relación contractual» entre la administración y el ultra, por lo que tampoco ha quedado aclarado qué hizo entre 1996, cuando salió de la cárcel y 2006, una época de la que no se tienen noticias sobre su actividad.