La secretaria general del PSOE, Elena Valenciano, puso ayer «la mano en el fuego» por la exconsejera de Economía y Hacienda de Andalucía y exministra española de Fomento Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE fraudulentos, y por el presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, quien le sustituyó en aquel cargo. Tanto Valenciano como el coordinador de la conferencia política del partido, Ramón Jáuregui, consideraron que no hay ninguna base ni argumentos jurídicos para que la juez Mercedes Alaya haya imputado a Álvarez y a otra veintena de altos cargos del Gobierno andaluz.

La juez Alaya considera «llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas» que, por sus competencias, «habrían permitido este uso indebido de la transferencias de financiación» y el «dispendio continuado de fondos públicos».

Según la «número dos» del PSOE, las personas imputadas «estaban cumpliendo la ley». «Si la ley era una ley errónea, una ley mal diseñada, entonces había que cambiar la ley, que fue votada por el Parlamento andaluz», agregó Valenciano.

Respecto al auto judicial, Griñán, que por el momento no figura entre los imputados -a los que tildó de «servidores públicos»- señaló que «no contiene absolutamente ningún reproche penal» y lo estimó «manifiestamente recurrible».

La primera consecuencia del auto de imputación de la veintena de cargos del PSOE en Andalucía es la renuncia como secretario general del Consejo de Gobierno del viceconsejero andaluz de la Presidencia, Antonio Lozano, mientras se resuelve el recurso que ya ha anunciado.