Participación ciudadana, democracia y eficacia
Lo común en las democracias occidentales es limitar la participación de la ciudadanía en la gobernabilidad de una comunidad a depositar una papeleta en la urna cada cuatro o cinco años, en un acto que supuestamente legitima a los gobiernos para tomar cualquier decisión. Salvando las distancias con las monarquías absolutas, generalmente los gobernantes se rigen por el principio del despotismo ilustrado que decía procurar «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», y acometen proyectos diseñados incluso con la mejor intención y técnicamente correctos pero que a menudo no responden a las necesidades reales de la población o lo hacen de manera parcial. Por eso, la aportación ciudadana a los proyectos que les afectan directamente es una forma de dotarles de mayores garantías de que cumplan su objetivo.
La iniciativa de la Diputación de Gipuzkoa de recabar la opinión de los habitantes de varios pueblos del herrialde para mejorar el transporte público se inscribe en una red creada para impulsar, en colaboración con diversos ayuntamientos, numerosos procesos participativos. A partir de setiembre, delegaciones forales visitarán 57 municipios, donde se reunirán con los vecinos y los agentes sociales en reuniones abiertas, si bien estos también tendrán la posibilidad de hacer llegar sus aportaciones en su ayuntamiento, por correo electrónico o a través de Twitter.
El hecho de fomentar la participación ciudadana, y que esta se lleve a cabo de la forma más directa posible, tiene un efecto positivo de por sí, en tanto en cuanto supone ampliar los procedimientos democráticos y atender el derecho de tomar parte en las decisiones sobre los asuntos que le atañen a uno. Pero también es cuestión de eficacia, de optimizar el servicio a la comunidad. Por supuesto, todo el mundo no tiene conocimientos técnicos en todos los campos, pero el trabajo de los técnicos debe consistir en poner en funcionamiento las infraestructuras que han de satisfacer ciertas necesidades, y quienes mejor las conocen son los ciudadanos, usuarios de esas infraestructuras y, además, quienes las pagan.