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La coordinadora pasa el testigo a los antinucleares extremeños

La Coordinadora contra Garoña se despidió ayer de la central nuclear burgalesa con una marcha festiva, convocada para celebrar el cese definitivo decretado por el Gobierno español. Ahora han cedido el testigo a los antinucleares de Extremadura, que desde hace años luchan para cerrar el reactor de Almaraz I.

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Ion SALGADO

El testigo antinuclear está en manos de la Coordinadora Cerrar Almaraz. Ayer, los integrantes de la Coordinadora contra Garoña cedieron el testigo a los ecologistas extremeños que se acercaron hasta el Valle de Tobalina para celebrar el cese definitivo de la planta burgalesa, decretado el pasado viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy. Decisión irreversible en opinión de los convocantes, que este fin de semana se reunieron en la pedanía de Barcina del Barco para realizar la «última marcha» contra «la central de las mil grietas». Una manifestación festiva bajo el lema «Garoña nunca más. Cerremos las demás», que esperan no volver a repetir.

Así lo manifestó el portavoz de Ekologistak Martxan, Carlos Alonso, minutos antes de iniciar la movilización, que partió a las doce y veinte del mediodía al ritmo impuesto por una elektrotxaranga. «Esperamos que esta sea la última. Ya dijimos hace un año que esperábamos volver aquí con la central cerrada y, efectivamente, venimos con la central cerrada desde diciembre y con la central legalmente cerrada desde el viernes. Ahora esperamos que ya no se vuelva a abrir y ya no tengamos que volver», destacó.

Alonso advirtió de que «solamente piruetas legales» podrían permitir reabrir una central que, a día de hoy, no es viable «ni económicamente ni técnicamente». Y en el caso de que esto ocurriera, anunció que la Coordinadora contra Garoña acudiría a los tribunales para poner fin a la amenaza nuclear. «Esta planta es un zombi, es un cadáver viviente; es una central cerrada y lo que hay que hacer es pensar en desmantelarla de la forma más segura y menos peligrosa posible», concluyó.

Este es el objetivo de los ecologistas, que no dan crédito a las declaraciones de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, que apuesta por modificar el reglamento sobre instalaciones nucleares para que Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, pueda renovar su licencia de explotación cuando haya transcurrido un año de la declaración su cese. Una intención propia de un «Gobierno rehén» y que podría constituir una acción delictiva, según indicaron Luis Oviedo (Ecologistas en Acción) y Raquel Montón (Greenpeace).

«A la hora de legislar hay que hacerlo a favor del interés general y no del interés privado. Por eso creo que esta tentativa continuada del Gobierno, que insiste en facilitar en cualquier supuesto la posición de estas dos empresas privadas -en alusión a Iberdrola y Endesa, accionistas al 50% de Nuclenor- nos acerca a una actuación prevaricadora», resaltó Oviedo antes de emprender la marcha.

Un trayecto de 42 años

Durante más de una hora, una colorida serpiente formada por medio millar de personas recorrió bajo la atenta mirada de la Guardia Civil la distancia que separa Barcina del Barco del reactor de Garoña. Un corto viaje a través de la BU-530 en el que se corearon eslóganes contra las empresas eléctricas, se reclamó el cierre de todas las centrales nucleares y se tributó una bienvenida tardía a los opositores al cementerio nuclear, previsto por el Ejecutivo del PP en la localidad conquense de Villar de Cañas, y a los representantes de la Coordinadora Cerrar Almaraz.

Estos fueron los protagonistas del final de la manifestación, que concluyó junto al puente de acceso a la planta nuclear. Allí, frente a un amplio dispositivo de seguridad, un representante de la coordinadora reclamó que Nuclenor se haga cargo del gasto derivado de su desmantelamiento y subrayó que los integrantes de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) seguirán luchando hasta cerrar todas las planta radioactivas.

Por eso, ayer los ecologistas de la zona norte de la Península cedieron el testigo a los antinucleares de Extremadura, que desde hace años luchan para cerrar el reactor de Almaraz I, la central más antigua del Estado tras el cierre de Garoña, que ha permanecido 42 años conectada.

 

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