El fin de la ultractividad como resultado de la reforma laboral del Gobierno del PP ha abocado a miles de trabajadores y trabajadoras vascas a encontrarse de la noche a la mañana sin convenio colectivo y ante la opción de que, en su ausencia, les sean aplicadas normativas de ámbito estatal o el propio Estatuto de los Trabajadores. Esta posibilidad, que ya ha empezado a ser implementada en algunas empresas, supondrá un empeoramiento significativo de las condiciones laborales de las personas afectadas.

A este respecto, hay que decir que si bien el Gabinete de Mariano Rajoy es responsable del cambio legal, su aplicación corresponde al empresariado. Y en esta tesitura la patronal ha hecho gala de una actitud ventajista ajena a toda intención conciliadora. Al contrario, organizaciones como Confebask están mostrando su perfil más agresivo y, haciendo caso omiso a la mano tendida de los sindicatos y desatendiendo la mediación institucional, han apostado por hacer decaer los convenios sin margen para una negociación que merezca tal nombre. Llegados a este punto, llamamientos apelando al diálogo como el que hizo ayer Juan María Aburto desprenden cierto cinismo. El consejero de Lakua sabe quién no quiere dialogar, y bien haría en hacer valer su capacidad de influencia sobre la clase empresarial, en vez de lanzar interpelaciones a todos los agentes.

Porque la degeneración de las condiciones de los trabajadores va a tener consecuencias más allá del ámbito estrictamente laboral: una merma generalizada en la masa salarial tendrá derivaciones negativas en términos de fiscalidad, en un momento en que la recaudación está bajo mínimos. Y, respecto al consumo, ¿qué efecto va a tener una pérdida masiva de poder adquisitivo? ¿Podrán hacerle frente el comercio, la hostelería y otros sectores que ya están muy tocados por la crisis? Este nuevo golpe, si no se evita, afectará primero a la clase obrera, pero sus consecuencias se extenderán a todo el tejido económico y al conjunto de la sociedad.