La filtración de grabaciones de una visita de Garitano a Otegi es delito
La filtración a la prensa de partes de una conversación mantenida en la prisión de Logroño entre Arnaldo Otegi y el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, es un delito y la abogada Jone Goirizelaia estudia ya la presentación de la correspondiente denuncia judicial. Según explicó la letrada, una cosa es que el preso tenga sus comunicaciones intervenidas por orden judicial, y otra que su conversación sea facilitada a un periódico para su publicación y uso.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El diario «Abc» elevaba ayer a la categoría de su primera noticia extractos de una conversación mantenida entre el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y Arnaldo Otegi, durante una reciente visita del primero a la prisión de Logroño. La abogada Jone Goirizelaia no duda de que la puesta en manos de la prensa de esa grabación para su publicación constituye un delito. El autor de la información señalaba a «fuentes de la lucha antiterrorista» y del «Ministerio de Interior» como origen de los testimonios ofrecidos.
La Diputación foral de Gipuzkoa, por su parte, hizo una declaración institucional en la que califica lo ocurrido de «injustificable e inaceptable», y recuerda que es «mucho más grave aún, si tenemos en cuenta que una de ellas es el máximo representante político de la ciudadanía guipuzcoana».
En la declaración añade que «hará llegar» su «preocupación al Gobierno español, para que tome las medidas que sean necesarias y para que no se repita ningún tipo de conculcación» de derechos de los presos ni de quienes les visiten.
«Absolutamente prohibido»
La abogada Jone Goirizelaia, que coordina la defensa de Arnaldo Otegi, declaró ayer a este diario que está «total y absolutamente prohibido» hacer este tipo de filtraciones. Las comunicaciones del líder preso están intervenidas, pero «esas grabaciones tienen un control judicial» con una finalidad específica de seguridad. Sacarlas de ese ámbito para su difusión «es un delito consciente y con intencionalidad política». Su utilización ha de limitarse a cuestiones acotadas dentro de una causa.
Goirizelaia estaba a la espera de contactar con su defendido para concretar la presentación de la denuncia. Recuerda que en otras ocasiones ya ha actuado de la misma forma, y son varias las personas que han tenido que ir a declarar ante el juez por este tipo de actuaciones.
Por otra parte, el diputado de Amaiur Iker Urbina registró también ayer mismo una pregunta al Gobierno para que responda si conoce quién es la persona autora de la filtración y si tiene previsto abrir alguna investigación para esclarecer lo ocurrido.
«Déficit democrático»
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, visitó hace aproximadamente un mes a Arnaldo Otegi en la prisión de Logroño. La filtración a la prensa de extractos descontextualizados de aquella conversación privada muestran, en opinión del Ente foral, el «déficit democrático» del Gobierno español.
En su declaración institucional, la Diputación de Gipuzkoa muestra su preocupación no solo por este caso, sino por todas las conculcaciones de derechos a los que se somete desde el Estado a los presos vascos.
Amaiur registró ayer en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno español para que responda si conoce quién es la persona autora de la filtración y si tiene previsto abrir alguna investigación para esclarecer lo ocurrido.
La difusión pública de una conversación grabada con otros fines, como la conocida ayer, incide en varios de los supuestos delictivos del artículo 197 del Código Penal y en ellos hubieran incurrido todas las personas de la cadena compuesta entre el funcionario encargado de la custodia de las grabaciones u otro que hubiera accedido ilegítimamente a ellas, hasta quien las difunde «teniendo conocimiento de su origen ilícito». Las condenas para estos delitos oscilan entre el año y los cinco años de prisión. En el caso de los funcionarios, la pena debe aplicarse en el tramo más alto. Y si se descubriera que se hizo con «fines lucrativos», podría llegarse a los siete años de cárcel. También se prevén penas de inhabilitación para los profesionales que incumplan «su obligación de sigilo y reserva».
Jone Goirizelaia informó a este diario de que ya ha interpuesto varias denuncias por anteriores filtraciones de conversaciones del propio Arnaldo Otegi que siguen su tramitación judicial. Explicó, sin embargo, que en algunos casos han sido ya archivadas, pero no porque no exista el delito, sino porque finalmente se convierte en imposible dar con el autor material de los hechos. Las indagaciones judiciales se estrellan contra la tupida red de intereses políticos, estatales y corporativos que impiden cualquier avance. I.I.
