El gobierno español ha decidido poner en el punto de mira de los recortes la política de becas. Desde hace días estamos asistiendo a un debate encendido (y poco riguroso, por parte del Ministerio) de quién debe ser merecedor de una beca. Un debate que a nuestro juicio se ha abierto por parte del ministro sin un análisis serio y sosegado de los datos, y que nos hace sospechar que responde más a un interés por reducir la «inversión» en becas, que a un verdadero interés por buscar la justicia social. ¿Cómo se explica si no, que el ministro no haya convocado ni una sola vez el Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico que preside?

No terminamos de acostumbrarnos -a pesar de ser la enésima vez que lo sufrimos- a la política espectáculo que prioriza las filtraciones a ciertos medios de comunicación, frente a la seriedad necesaria de trasladar la información por los cauces oficiales. Queda en cada uno juzgar porqué al Gobierno español le gusta generar debates y controversias mediáticas, antes de debatir con los agentes implicados en la gestión de la Educación Superior. Y aunque las formas son importantes, más si cabe lo es el fondo.

Las reformas presentadas son trascendentales, no sólo por elevar la exigencia para acceder a la beca a un 6,5 puntos (un 7 en los másteres), sino también porque eleva exageradamente los requisitos académicos, reduciendo hasta la mitad las cuantías de ayudas. Incluso suprime las ayudas para material didáctico o desplazamiento.

Sin embargo, esta reflexión quiere centrarse en el aspecto más mediático: cuál debe ser la nota mínima para acceder a una beca. La exigencia académica, evaluada a través de la nota de acceso a la Universidad, debe ser adecuada y equitativa, independientemente de su renta o patrimonio. Esta exigencia académica debe garantizar que quien entra en la Universidad tiene las capacidades necesarias para poder desarrollar y completar satisfactoriamente una educación universitaria. Da igual si es rico o es pobre. Y no debe olvidarse que esa nota es un 5. De otro lado, las becas deben ser instrumentos para garantizar la equidad en el acceso. Es decir, garantizar el acceso a la Universidad a quien no tiene los recursos suficientes en igualdad de condiciones de quien los dispone. Garantizar, por tanto, que quien tiene dinero y quien no lo tiene podrán acceder a la universidad en igualdad de condiciones. Porque quien tiene un 5, además de tener derecho a una carrera es buen estudiante.

Escuchábamos al ministro de Educación, Cultura y Deporte preguntarse si está bien encaminado quien no alcanza el 6,5 y le recomendaba «estudiar otra cosa» -en clara referencia a la FP-. Nos preocupa el tratamiento que da este Ministerio a la Formación Profesional, y sobre todo que condicione la capacidad de aprendizaje a la disponibilidad de recursos para hacer frente a la matrícula. En definitiva, su propuesta defiende exigir más nota a quien tiene menos posibilidades económicas. Parece oportuno recordar, que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas entiende que «en la filosofía de reforzar positivamente a los estudiantes con mejores rendimientos, no deben mezclarse ni confundirse estas becas, que son un instrumento de integración y promoción social, con las de excelencia académica».

Es necesario que las medidas educativas tengan en cuenta el progreso y la finalización de los estudios, pero sin cerrar la puerta a quien con su esfuerzo ha conseguido la nota mínima exigida para acceder a la universidad, simplemente porque no tiene recursos. Defendemos que quien tiene un 5 no es mediocre, sino al contrario, también es buen estudiante y debe garantizársele su derecho a la educación universitaria. El número de plazas en las carreras es limitado y por tanto será la nota de acceso la que determine si tiene plaza. Nunca sus recursos económicos.

Es inevitable hacer referencia a que actualmente la labor docente está poco y mal valorada. No hay más que ver cómo la investigación se evalúa minuciosamente para conceder los complementos económicos del profesorado, mientras que los referidos a docencia se han convertido en «café para todos». Se conceden automáticamente, sin tener en cuenta si el cuerpo docente desarrolla con empeño su trabajo docente o no. Estamos seguros de que el conjunto del profesorado universitario no considera la enseñanza algo residual, pero sí queremos denunciar que el Ministerio hace responsable única y exclusivamente al estudiante de sus calificaciones, cuando no existe una evaluación seria y rigurosa de la docencia que imparte el profesorado. A día de hoy la evaluación de la docencia es voluntaria, presentándose quien tiene buenas expectativas, y no haciéndolo quienes realmente necesitan un proceso de formación y mejora, provocando en muchos casos una situación perversa. La consecuencia directa de tener un mal profesor es una bajada drástica de las notas y un aumento exponencial de los suspensos. En este caso, la responsabilidad no es del alumnado, sino de quien no tiene la capacidad de ayudar al estudiante en el aprendizaje y de asegurar una evaluación justa y adecuada

Sacar un 6,5 para acceder a una beca, o aprobar el 100% en los siguientes cursos, son requisitos demasiado exigentes y pueden resultar injustos en muchos casos, de manera que una persona brillante puede ser excluido del sistema universitario al no poder pagar la matrícula, al denegarle la beca por razones circunstanciales no basadas en la capacidad y el esfuerzo del estudiante, además de ser contraproducente en el papel que juega la universidad de integración y cohesión social.

El Real Decreto de becas nace desde la ausencia de un análisis riguroso, sin el más mínimo diálogo con la sociedad, y cuyo contenido injusto criminaliza al alumnado. Su único objetivo es reducir el gasto en becas sin analizar las consecuencias que ello tendrá en la sociedad de dentro de unos años. Por ello, cuenta con el rechazo de los todos los agentes educativos, sociales y políticos. No es casualidad que al rechazo se hayan sumando agentes tan inesperados como el Consejo Escolar del Estado, las Comunidades Autónomas (incluidas las del partido que gobierna), o la Conferencia de Rectores.

Hacemos este alegato quienes creemos que el diálogo es la herramienta más valiosa para construir un modelo educativo equitativo y de calidad. Consideramos pues, que el Ministerio todavía está a tiempo de replantearse su forma de gobernar, retirando la propuesta de real decreto de becas, y de desistir en su particular tozudez de huir hacia delante sin escuchar a quienes les reclamamos diálogo.

(*) Firman asimismo este artículo: Inés Sánchez (Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado CEUNE), María José Romero (ex vicepresidenta del CEUNE), Alberto Aja (expresidente del Consejo de Estudiantes de la Univ. de Cantabria), Amelia Fraga (miembro del Consejo de Gobierno de la Univ. da Coruña y representante en el CEUNE), Juan Miguel Almansa (Presidente del Consejo de Estudiantes de Córdoba), Gemma Espigares (coordinadora del Consejo de Estudiantes de la Universitat de Lleida), Carlos Fernández (Presidente del Consejo de Estudiantes de la Univ de Cantabria), Juan Antonio Montero (delegado de Estudiantes de la Univ. de Castilla La Mancha), Jon Ander de Ormaetxea (representante del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi).