La no inclusión de ninguna instalación del Ejército en la CAV en el plan que pretende racionalizar el patrimonio del Ministerio de Defensa y que cerrará o reducirá entre 2014 y 2017 más de un centenar de enclaves militares en todo el Estado, únicamente puede considerarse una extensión del «prioritario interés para la defensa nacional» que el secretario de Estado de Defensa arguyó el pasado octubre para negarse a la cesión de los cuarteles de Loiola. Especialmente, cuando es precisamente la CAV la única comunidad en la que las Fuerzas Armadas españolas no reducirán sus infraestructuras. (...) Una interpretación ideológicamente parcial del artículo 8.1 de la Constitución, primando la defensa de la «integridad territorial» y la unidad de España sobre otros principios democráticos contemplados por el derecho internacional así como sobre los derechos históricos a los que el pueblo vasco no ha renunciado y cuyo amparo y respeto especifica el propio ordenamiento constitucional. (...) Obliga a considerar que el Ministerio de Defensa entiende su labor en Euskadi como mero impedimento de la aspiración nacional de nuestro país, implicando de manera forzosa una pretensión intimidatoria ya denunciada con ocasión de actitudes y maniobras militares(...).