El cese definitivo de la violencia de ETA hace desaparecer la lucha violenta surgida desde el conflicto político original; surgida pero no determinada por el mismo. El conflicto político nacional persiste y hoy avanza libre de la opción violenta. En consecuencia, tras el cese, la resolución del conflicto violento quedó limitada a determinadas consecuencias del mismo. Desarme, víctimas, presos y reconciliación definitiva.

La decisión de ETA tuvo carácter unilateral. Fue una decisión sin contraprestación ni compromiso por parte del Estado. La Declaración de Aiete que acompañó la decisión de cese fue un manifiesto en favor de la conveniencia, la bondad y la oportunidad de resolver determinadas cuestiones directa o indirectamente ligadas al conflicto. Pero no suponía una exigencia al Estado para que el mismo cumpla compromisos legales y políticos tomados tras el diálogo y el acuerdo correspondientes.

Por lo que se refiere a las prioridades, la de la izquierda abertzale, -con el apoyo de amplios sectores de la población vasca- son los presos. Se trata de lograr que vayan progresivamente siendo excarcelados tras un proceso de acercamiento a cárceles de Euskadi. Por otro lado, el objetivo prioritario -casi exclusivo- del Gobierno español es que ETA se desarme de forma total. Son prioridades enfrentadas.

Sin duda existen sólidos argumentos de orden ético-político que hacen muy defendible las demandas en favor de una nueva política penitenciaria. El principal es que la actual situación de muchos presos expresa una arbitraria e injusta crueldad. También existen apoyos internacionales como el de los firmantes de la declaración de Aiete que exigen una política penitenciaria justa y adecuada a la nueva situación, además de un fuerte apoyo de una parte muy importante de la sociedad vasca.

Pero también es cierto que no parecen existir razones para pensar que el Estado vaya a cambiar su política frente a movilizaciones sociales o frente a argumentos ético-políticos. El Gobierno constata que, en su política respecto a ETA y sus presos, cuanto más dura sea esa política, mantiene y aún incrementa su legitimidad. Hablamos de legitimidad y opinión pública española, pero hay que recordar que esa es la opinión que políticamente le interesa al Gobierno español, que se siente seguro con el origen unilateral del fin de la violencia y refuerza su legitimidad con el discurso de la derrota de ETA.

La unilateralidad en la decisión de cese de la violencia fue una opción inevitable. Pero la unilateralidad tiene su propia lógica. No se formula dependiendo de lo que se haya hecho o negociado previamente. Su desarrollo y consecuencias solo dependen de uno mismo. Dadas estas limitaciones y considerando la correlación de fuerzas existente, resulta inevitable que la izquierda abertzale siga impulsando pasos unilaterales como, por ejemplo, el inicio de un proceso de desarme dirigido a lograr la puesta en marcha de una solución para los presos. En esta línea se plantean las Recomendaciones del Foro Social organizado por Lokarri, así como la presentación pública de exiliados en Biarritz planteando su retorno a Euskadi.

Este proceso iniciatico, con sus límites y sus correlaciones de fuerzas, nos define un escenario de conflicto que exige resolver la reinserción social de los presos, el desarme de ETA y la reparación a las víctimas. La izquierda abertzale se halla activa en el escenario a través de las movilizaciones sociales y el apoyo al desarrollo de propuestas y prácticas unilaterales. En esta dinámica activa también aparece el Gobierno vasco con algunas de las medidas propuestas en su Plan de Paz. Sin embargo, el Estado solo introduce la pasividad en el terreno de juego. Parecería que el desarrollo de ciertas propuestas podría llevarle a romper esa pasividad y tomar medidas.

Pues no. Nada de pasividad, nada de respuestas positivas en el terreno de las consecuencias de la violencia. Ahora el Estado, a través de una Audiencia Nacional cuya desaparición es cada vez más urgente, y jaleado por unas asociaciones de víctimas que lejos de su razón de ser se han convertido en elementos políticos de planteamientos muy radicales, vuelve a introducir la dimensión política en el escenario. Ya no es solo cuestión de resolver las consecuencias personales de víctimas y presos. Ahora se trata de volver al pasado y encarcelar a dirigentes políticos de la izquierda abertzale. Parece una pesadilla repetida, pero no lo es.

Así, el próximo 17 de octubre se celebrará el juicio del Sumario 35/02 en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que se piden penas -algunas de más de 12 años- a cuarenta personas entre quienes se encuentran buena parte de quienes fueron miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, Batasuna y dirigentes de Euskal Herritarrok hasta 2002 (no es un error ¡¡2002!!). Se trata de un proceso penal exclusivamente basado en sospechas, especulaciones e hipótesis derivadas de informes policiales, a los que se pretende elevar al nivel de pruebas periciales y que no pasan de meras invenciones sin comprobación fáctica.

El asunto no solo es grave por sí mismo debido al disparate judicial que supone tal juicio y porque se pretenda encarcelar a personas por su actividad política. Lo es por algo más. Porque reintroduce en el conflicto la dimensión política. Ya no solo el Estado exhibe una insoportable pasividad a la hora de resolver las consecuencias del conflicto violento. Ahora recupera su belige- rancia y entra, con armas penales, en el conflicto político ya despojado de la violencia. Entra con la pretensión de destruir a sus enemigos políticos. En este caso a un enemigo legítimo... y legal. Muy a pesar suyo.