Hace ya tres meses que médicos, trabajadores y comité de empresa de Onkologikoa suscribieron una carta de apoyo a la integración del centro en la red pública sanitaria dependiente del Ejecutivo de Lakua. La apuesta por la publificación, avalada también por una resolución aprobada el 7 de marzo a iniciativa de EH Bildu, es, en opinión de distintos agentes, la única vía para garantizar la viabilidad de ese centro de referencia.

Se viene demandando que el Departamento de Salud y la Fundación Kutxa abran un periodo de negociación para garantizar el futuro de Onkologikoa. Su comité de empresa argumentó que esa reivindicación está sustentada en que, desde su origen en 1933, el que fue inicialmente Instituto Oncológico, siempre ha tenido «un carácter público», además de que más del 85% de los pacientes provienen de la red pública. La solución no es, a su entender, negociar otro nuevo convenio con Osakidetza, sino integrarse en su estructura para resolver el déficit estructural, posición a la que se suman Ayuntamiento de Donostia y Diputación de Gipuzkoa.

Frente al horizonte de la privatización, se inclinan por la integración. Los ingresos actuales provienen de la asistencia prestada a los pacientes con Seguridad Social, a quienes deriva el Departamento de Salud, siendo tan solo un pequeño porcentaje de los ingresos de seguros privados. Al ser insuficientes, Kutxa se ha encargado de inyectar dinero, vía convenio, pero ahora su fundación no parece estar dispuesta a asumir todo y la amenaza de la privatización se convierte en real para muchos ciudadanos.

No son pocos los que se retrotraen a la década de los 80 cuando el Ejecutivo autonómico iba asumiendo competencias sanitarias, construía Osakidetza y se encontraba con particularidades, como las de los hospitales de Basurto, Arrasate, Gorliz y Santa Marina, o la Fundación Matia, habiendo asumido la gestión de los hospitales de Santiago, en Gasteiz, y Provincial, de Donostia.

En el caso del complejo sanitario bilbaino, el proceso de publificación e integración comenzaba a raíz de una proposición no de ley aprobada el 22 de marzo de 1985 por el Parlamento de Gasteiz. Hubo un gran acuerdo político entre Consistorio bilbaino, Diputación vizcaina y Lakua, a partir del que se afrontó un dilatado proceso de regularización de aspectos económicos y patrimoniales de una entidad, Santo Hospital Civil de Basurto, que funcionaba desde 1908 como una asociación benéfica particular promovida por la oligarquía local.

Acuerdo político a tres bandas

Las instituciones implicadas rubricaban el 3 de abril de 1989 el convenio de cesión después de que el Ejecutivo se hiciese cargo del déficit corriente y la deuda acumulada al 1 de enero de 1985 fuera asumida en un 50% por la Diputación, un 25% por el Ayuntamiento de Bilbo y otro porcentaje similar por el resto de consistorios vizcainos; y es que Basurto era la segunda infraestructura sanitaria en importancia de Bizkaia, dando servicio a más de medio millón de personas al no estar aún operativo el de Usansolo.

Pero para llegar a ese simple reparto de las cargas hubo que efectuar un concienzudo inventario y diagnóstico, aclarando quién era el dueño del hospital dirigido hasta entonces por una Junta de Caridad. A partir de 1979, se había constituido una comisión gestora pero quedaban muchas reminiscencias del pasado que dificultaban precisar el estatus jurídico, partiendo de que había sido una junta de beneficencia la que lo había gobernado. Esos mismos intereses, vinculados a la oligarquía vizcaina, habían sido letales para Basurto. En la década de los 60, la que fue alcaldesa Pilar Careaga promovió la construcción del Hospital de Leioa, una operación especulativa que se frustró pero que dejó importantes pérdidas. Hubo que renegociar las consecuencias de aquel fiasco.

Las autoridades franquistas habían planeado invertir 800 millones obtenidos de un crédito en Leioa, a los que se sumaban otros 400 millones de pesetas de una constructora. Los pabellones de Basurto se derribarían y se edificarían bloques de viviendas, obteniendo importantes plusvalías en aquella frustrada operación inmobiliaria.

En 1985, Basurto tenía una deuda de 3.664 millones de pesetas, de los que 2.685 correspondían a la Seguridad Social, 883 al Banco Hipotecario, 75 a Hacienda y 21 al Consistorio bilbaino. Con el principal acreedor se negoció con el apoyo de Ayuntamiento y Diputación un aplazamiento de pagos y una condonación de los intereses. El déficit de explotación era a final del ejercicio anterior de 681 millones, aunque finalmente pasó a ser de 385 tras abonar el Insalud sus facturas pendientes, que históricamente generaban desfases en tesorería. Desde 1978, Basurto dispuso de un convenio con el Insalud para atender a sus beneficiarios, que aportaban el 90% de los ingresos por enfermo.

Respecto a las propias características de Basurto, había que definirlo como un hospital universitario y clínico ya que centenares de estudiantes efectuaban allí sus prácticas y estudios, pero había que consensuarlo con el Insalud. También se aminoró el ritmo del plan de remodelación diseñado por el Consejo General Vasco y el Consistorio -con una inversión prevista de 1.220 millones de pesetas-, aunque para 1985 se habían ejecutado obras en los pabellones Allende y Jado. Ese ejercicio, las arcas municipales aportaron los 125 millones que habían comprometido.

Basurto disponía en 1983 de 1.075 camas -que luego se convertirían en 700- y 1.750 trabajadores, de los que 22o eran interinos, además 900 alumnos de la UPV-EHU impartían allí sus estudios. El gasto, según la memoria, había sido de 5.040 millones -con un déficit de explotación próximo al 11%- para atender 290.000 estancias, 120.000 consultas externas y más de 55.000 urgencias.

El 18 de marzo de 1992 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto 37/1992 del 25 de febrero, en el que se aceptaba la cesión patrimonial de los bienes, al tiempo que se subrogaban las relaciones con el personal y se integraba Basurto en Osakidetza.