En 2009, el Gobierno de Nafarroa contaba con un total de 38 empresas públicas. A finales de 2014, serán tan solo ocho, agrupadas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN). Es el resumen de los dos planes de reestructuración de las sociedades públicas puestas en marcha por el Gobierno foral, el primero iniciado en 2010 y el segundo anunciado el pasado mes de mayo y puesto en marcha en las últimas semanas, con dramáticas consecuencias para los trabajadores.

En cifras globales, el Gobierno de Yolanda Barcina asegura que las empresas públicas arrastran una deuda de 289 millones de euros -que crecerá en los próximos dos años- y garantiza que con la nueva reestructuración -de un impacto de 83 millones de euros-, la deuda se podrá reducir en 2017 en un 43%, situándose entonces en los 165 millones.

Detrás de las cifras, naturalmente, está el día a día de las empresas y de las personas que en ellas trabajan, principales afectadas por la nueva reestructuración. En este sentido, a mediados de mayo pasado se conocieron las directrices generales dadas por la CPEN, con los objetivos declarados de «generar empresas flexibles con capacidad para adaptarse en cada momento a la coyuntura social que se viva» y reducir la masa salarial entre un 15 y un 20%, «sin contar las posibles externalizaciones».

Más concretamente, según el CPEN deben desaparecer del mapa cinco empresas públicas: GAN, que tras un «ajuste de personal» pasará a integrarse en NILSA; TRACASA, que tras internalizar en el Gobierno algunos servicios y externalizar otros se unirá a NASERTIC; NASUVINSA, CAT y ANL, que se fusionarán en una única sociedad que prescindirá de 21 puestos; y por último, CNAI, que será directamente privatizada. Unas medidas que, curiosamente, encajan a la perfección con las recomendaciones realizadas por el «think tank» navarro Institución Futuro en su documento «Sociedades públicas: reordenando el sector público empresarial».

Casos concretos

Estas directrices fueron trasladadas a las empresas públicas, cuyas direcciones se han encargado de elaborar diversos planes de actuación para aplicar lo pedido por el CPEN. La primera fue GAN, que a principios de junio planteó un ERE de más de la mitad de la plantilla. La empresa pública anunció su intención de despedir a un total de 65 trabajadores del total de 118 que forman la plantilla. 45 perderían su puesto de trabajo este mismo año y 20 en 2014.

La última empresa en la que se han empezado a aplicar los recortes es INTIA, donde la dirección propuso a finales de junio el despido de 21 trabajadores, con el objetivo de recortar los gastos en unos 800.000 euros. Una medida que la dirección se ha mostrado dispuesta a negociar, tal y como consta en el Plan de Actuación de la empresa, al que ha tenido acceso este diario. En él se puede observar el por qué de la propuesta de la empresa, que prefiere despedir individualmente a 21 trabajadores antes que presentar un ERE, entre otros motivos por el «menor ruido mediático» que supone.

Freno en el Parlamento

Pero el Parlamento navarro está tramitando una ley según la cual medidas como el segundo plan de reestructuración de las empresas públicas tendría que recibir el visto bueno de la mayoría parlamentaria, algo que no sucede hoy en día.

La debilidad del Gobierno de Nafarroa, que gobierna en minoría, permite a la oposición -cuando al PSN le viene en gana- marcar de cerca las políticas del ejecutivo. Es lo que está pasando con este segundo plan de reestructuración de las empresas públicas navarras y la propuesta de ley presentada por toda la oposición a excepción del PP.

El pasado 26 de junio, los grupos parlamentarios del PSN, Bildu, Aralar, IE y Geroa Bai registraron una proposición de ley con el objetivo de paralizar los despidos en las empresas públicas y someter la gestión de la CPEN a un mayor control parlamentario. Cinco días después, el 1 de julio, la Mesa y la Junta de Portavoces aceptaron a trámite la proposición de ley por vía de urgencia. Ahora es el Gobierno quien debe elaborar un informe, que el Parlamento ha pedido que sea «en un plazo de tiempo reducido».

La oposición espera, por lo tanto, que el informe llegue en los próximos días. De hecho, en el Parlamento aprobaron declarar hábil el mes de julio, para que tan pronto como el informe del Gobierno sea público se pueda convocar un pleno para debatir, votar y, probablemente, aprobar la ley.

Retroactividad contemplada

Concretamente, la nueva norma implicaría un cambio en la ley que ampara la creación de la CPEN, organismo que perdería autonomía, ya que se le obligaría a aprobar en el Parlamento las operaciones de transmisión o enajenación de las participaciones en sociedades públicas; la fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de esas empresas; así como la presentación de cualquier ERE o plan de reestructuración de las plantillas.

Además, uno de los puntos claves de la ley es la incluida en una disposición transitoria, según la cual la norma será retroactiva, de manera que la autorización de la cámara sería obligatoria para cualquier tipo de operación de estas características aplicada después del 1 de enero de 2013. Esto significa que, de aprobarse la ley, afectaría al segundo plan de reestructuración.

Una retroactividad que UPN ha calificado de «despropósito jurídico», pero con la cual la oposición confía paralizar la reestructuración y las decenas de despidos previstos en ella. La CPEN, por su parte, apenas ha fijado una posición sobre la proposición de ley de la oposición, pero la inquietud en las direcciones de las empresas públicas resulta evidente, como lo demuestran los correos que algunas gerencias están enviando a sus trabajadores, en los que se advierte de que si no se llega a un acuerdo entre empresa y comité, el resultado será mucho peor para los trabajadores.