Lakua desconoce las condiciones en que se ejecutaba la planta de Zubieta
Tras la decisión de GHK de suspender la ejecución de las obras de la incineradora de Zubieta al constatar que las bases del informe medioambiental de Lakua no se corresponden con las que constan en la licitación de obras, el viceconsejero de Medio Ambiente, Josean Galera, comentó que «es una práctica habitual que haya diferencias entre lo que inicialmente se solicita y lo que finalmente se aprueba». También aseguró que el proyecto sigue sobre la mesa.
Ion SALGADO-Oihane LARRETXEA
Hace tres días que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) anunció la suspensión de los trabajos para la construcción de la incineradora de Zubieta. El motivo, de origen técnico-jurídico, se basa en que el proyecto no cumple la normativa medioambiental exigida en abril de 201o por la Viceconsejería de Medio Ambiente de Lakua.
Precisamente, ayer, el actual viceconsejero de este Departamento, Josean Galera, admitió, al término de una comparecencia sobre las tasas de reciclaje en la CAV, no conocer el pliego de condiciones de ejecución material de la infraestructura. «Lo que sí conocemos es la propuesta del proyecto inicial», añadió.
Según GHK, las bases que recoge la autorización ambiental integrada (AAI) no se corresponden con las que constan en la licitación de obras; es decir, que realmente se trata de dos proyectos muy diferentes.
A Galera pareció no sorprenderle el hecho de que haya cambios sustanciales y lo explicó así: «Los pasos que establece el procedimiento administrativo en la materia, además de ser de una determinada naturaleza, siempre analizan el proyecto, y el órgano ambiental impone una serie de correcciones para conseguir una menor afección al medio. Es una práctica habitual que haya diferencias entre lo que inicialmente se solicita y lo que finalmente se aprueba».
Sobre el papel que juega el Ejecutivo de Lakua, el viceconsejero declaró que siguen trabajando en el proceso de la AAI, «que tiene dos tipologías distintas»; una es «la condicionada» y, una vez que se va ejecutando el proyecto, se pasa a «la efectiva».
Aclaró que esta última no puede ser concedida si previamente no se ha hecho la ejecución material de la obra y admitió que tampoco se puede dar una autorización condicionada «si existen diferencias entre lo solicitado y lo que el órgano ambiental estima oportuno».
«En todo caso -precisó-, tengan la certeza de que la planta que se vaya a construir va a contar con el visto bueno del Gobierno y con las medidas correctoras que imponga». Por tanto, evitó hablar de «paralización» de la incineradora. En cambio, insistió en que el proyecto «está ahí» y que es a Lakua a quien le corresponde autorizarlo «en su caso». «Es la única entidad competente en esta materia. A fecha de hoy es un proyecto que está encima de la mesa y administrativamente seguirá el curso que determinen las administraciones guipuzcoanas», dijo.
Por su parte, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa reiteró ayer, a través de una nota de prensa, que son las diferencias entre el proyecto autorizado y el que fue licitado el motivo de la paralización de la ejecución de las obras. Además, indicó que la decisión fue notificada ayer de manera oficial a la unión temporal de empresas a la que se adjudicaron los trabajos.
El viernes señaló que ya se había notificado a Lakua. «Que yo sepa, a día de hoy, nadie nos ha solicitado la renuncia al proceso administrativo en materia de AAI», negó ayer Galera.
La convocatoria de la rueda de prensa convocada ayer por la tarde en Donostia por la Coordinadora de plataformas contra el puerta a puerta en Gipuzkoa adelantaba que abordaría la situación actual que atraviesan los citados grupos. Tomó la palabra Patxi Amantegi, portavoz de Tolosaldea Txukun, y lo hizo acompañado por representantes de diversos municipios como Lezo, Lazkao, Zarautz y Zumaia. De los dos últimos destacó los consensos que se han alcanzado en torno al sistema. «Será el salitre, que ablanda», aventuró.
No obstante, poco se escuchó sobre las dinámicas que a partir de ahora pondrán en marcha para seguir con su causa. «Ya se nos ocurrirá qué hacer», respondió cuando se le preguntó sobre el futuro más inmediato. Y en este punto, apelaron al diputado general, Martin Garitano. «Si se para a hablar, hablaremos».
La comparecencia giró en torno a la «imposición» y los «boicots» por parte de Bildu para «evitar que el pueblo expresase libre y democráticamente su opinión» sobre la recogida de los residuos urbanos.
Por su parte, el alcalde de Ordizia, Igor Eguren, y el presidente de Sasieta, Azeari Andonegi, mostraron ayer su satisfacción por la respuesta ciudadana ante la implantación del Puerta a Puerta, que se puso en marcha el pasado viernes.
El primer edil espera alcanzar el 80% de reciclaje, doblando la tasa que en los últimos tres años han obtenido con el contenedor marrón (36%).
Eguren aprovechó para recordar que durante las fiestas de Santa Ana el horario de recogida será entre las 13.30 y las 15.30. O.L.
